Indígenas en riesgo por la explotación de oro y coltán en Guainía

Bogotá, 27 feb (EFE).- Grupos indígenas del departamento colombiano del Guainía (este) están en un alto riesgo por la explotación de oro y coltán que realizan los grupos armados ilegales para financiar sus actividades y que a su vez les permiten robustecer su aparato de guerra, denunció este lunes el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El funcionario aseguró en un comunicado que “esa explotación ilegal y violenta ha incrementado la capacidad financiera de los grupos armados y les posibilita robustecer sus estructuras armadas a través del reclutamiento, de adquirir armas y material de intendencia y de imponer el control territorial y social”.

Camargo aseguró que la población indígena está expuesta a “graves vulneraciones de sus derechos fundamentales”, por lo que solicitó a los grupos armados ilegales detener de “inmediato sus acciones contra la población civil”.

El funcionario llamó a esos grupos a que acojan la propuesta de paz del Gobierno colombiano porque es “la oportunidad para brindarle tranquilidad a las comunidades en estos territorios”.

La Defensoría emitió una alerta temprana en la que advierte del riesgo que corren los habitantes del municipio de Inírida, la capital departamental, y otras zonas como el Resguardo Paujil y áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia, San Felipe y La Guadalupe “por el accionar de grupos armados organizados”

En la zona tiene presencia el frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente “Acacio Medina” de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC.

La alerta también encontró que el Clan del Golfo tiene “interés por incidir en esta zona”.

Además, la Alerta Temprana advierte que las poblaciones indígenas de los pueblos curripaco, puinave y yeral de las cuencas de los ríos Inírida, Atabapo y Guainía son las que “sufren con mayor rigor las agresiones de los grupos armados a través de amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados”.

Dentro de la población en riesgo están las personas defensoras de derechos humanos y los líderes sociales. Además se evidencia el reclutamiento de niños y adolescentes, así como de ciudadanos venezolanos.

La Defensoría emitió 33 recomendaciones para que tanto las autoridades municipales como las departamentales y nacionales tomen “medidas urgentes de prevención con el propósito de que se disuada, mitigue o controle el riesgo para los habitantes de los municipios alertados”.

Las alertas tempranas son acciones preventivas que también buscan movilizar a toda la institucionalidad del Estado para evitar la consumación de los riesgos advertidos.

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