Indígenas colombianos de la frontera con Ecuador y Perú denuncian desplazamiento

Líderes indígenas del departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú, denunciaron hoy ante la Defensoría del Pueblo el desplazamiento forzado y la violación de los derechos humanos por grupos armados al margen de la ley.

Indígenas colombianos de la frontera con Ecuador y Perú denuncian desplazamiento

Según los aborígenes, además de los desplazamientos forzados, en ocasiones se han visto confinados porque los grupos armados siembran la selva con minas antipersonal, lo que no les permite desarrollar sus actividades normales de caza, pesca y la recolección de frutas, dice un comunicado de la Defensoría del Pueblo.

Las denunciados fueron escuchadas por una comisión que visita la región conformada por el Defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Otálora; la Representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Terry Morel, y de funcionarios de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (DDHH).

Según datos de la Defensoría del Pueblo, en el Putumayo hay cerca de 60.000 indígenas de los pueblos Awá, Embera Chamí y Nasa, quienes se muestran afectados por los combates entre la guerrilla y el Ejército.

Los indígenas pidieron que sus territorios sean desminados por comisiones humanitarias.
Los lugareños también dijeron que en la zona hay bases militares y los centros de entrenamiento del Ejército, que los convierte en objetivos de grupos guerrilleros y otras bandas.

La misión de la Defensoría del Pueblo, Acnur y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH continuará mañana viernes con una visita a la vereda La Piña, en Puerto Asís, capital del departamento del Putumayo.

En horas de la mañana, los funcionarios de alto nivel se reunirán con 60 personas representantes de la población desplazada y líderes de las 23 veredas de la Zona de Reserva Campesina.

Luego de estas reuniones la misión hará recomendaciones para que las autoridades regionales y locales puedan garantizar los derechos humanos de la población.