Hoy es la reunión del Presidente electo con los presidentes de las altas cortes.

El gobierno Uribe se adelantó anunciando un proyecto de ley, que será presentado el próximo 20 de julio, para que la elección del Fiscal General dependa exclusivamente del Poder Ejecutivo. Con esta carta sobre la mesa, avalada por el presidente electo, Juan Manuel Santos —quien incluso va más allá, pues cree necesario que la Fiscalía quede bajo la dirección del Ejecutivo—, este miércoles se adelantará la primera reunión entre los dignatarios de las altas cortes y el señalado jefe del Estado para el cuatrienio 2010-2014.

Aunque el encuentro ha sido calificado apenas como una visita protocolaria o de cortesía del mandatario electo a los jerarcas de la Rama Judicial, dados los acontecimientos de los últimos años, marcados por una dura confrontación entre el presidente Uribe y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se trata de un diálogo de mayor trascendencia. Desde todos los sectores se ha reclamado el fin de la disputa entre los dos poderes. La visita de Santos a las cortes, este miércoles a las 11:00 a.m., puede emprender una nueva era en estas relaciones.

No obstante, en criterio de los entendidos, más allá de las formalidades y buenas intenciones, hoy existen expedientes en marcha que tocan directamente a altos dignatarios del poder y, cualquiera sea la relación entre el Ejecutivo y la justicia, ello no quiere decir que en aspectos tales como la parapolítica, la yidispolítica, los seguimientos y chuzadas ilegales del DAS, no se sigan tomando decisiones que van a causar roncha. Al fin y al cabo, el mandatario electo, como ministro de Defensa, fue uno de los puntales del gobierno Uribe.

En esa medida, de antemano está claro que los magistrados de las altas cortes le insistirán a  Santos que las buenas relaciones empiezan respetando y acatando los fallos de la justicia, pues en esa circunstancia se refrenda el principio democrático de la separación de los poderes públicos. Sin embargo, también se advierte que Santos no llegará ante las altas cortes sin anunciarles que, con su concurso y consejo, está dispuesto a promover una reforma integral a la justicia, una vez asuma la Presidencia.

Y, recorriendo los planteamientos de su campaña a la primera magistratura del Estado, dicha reforma arranca reviviendo el Ministerio de Justicia, pues el propio Santos ha dicho que debe ser el interlocutor activo del Gobierno con la Rama Judicial, respetando su autonomía y colaborando en diversos aspectos, como la descongestión de expedientes, la capacitación de funcionarios, la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento de la defensa judicial del Estado y el apoyo a los órganos de investigación.

De allí en adelante, si bien la reunión entre el presidente electo y los dignatarios de las cortes no va a concretar los primeros acuerdos, sí está claro que constituye el prólogo de un pulso necesario entre todos los sectores que tienen que ver con el desarrollo de la justicia. La prueba son los múltiples enfoques que existen sobre el tema, que van desde convocar una asamblea constituyente hasta romper el facilismo normativo y diseñar mecanismos que garanticen una pronta y cumplida justicia.

La más reciente edición de la revista Política Colombiana, de la Contraloría General, precisamente le dedica 167 páginas a este tema, incluyendo la visión de reconocidos expertos. Por ejemplo, es el ex ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez quien plantea la alternativa de la constituyente, en su criterio “para evitar el oportunismo de quienes quieren resquebrajar la columna vertebral de la Constitución de 1991”, y en razón a que el Congreso ha fracasado en el intento de reformar la justicia.

A su vez, el ex fiscal y ex procurador Alfonso Gómez Méndez plantea exigencias mínimas: por ejemplo, que para ser magistrado sean necesarios 20 años de experiencia en la judicatura, la academia o el ejercicio profesional y que la edad mínima sea de 50 años para que no estén pensando en qué hacer después del retiro. Obviamente, estas limitaciones tendrían que compensarse con la inamovilidad, un período de 12 años o el aumento de la edad de retiro a los 70 años.

Asimismo, Gómez Méndez toca un aspecto esencial para romper el escenario que más se le critica hoy a la justicia: la pérdida de independencia después de ejercer los cargos. Por eso plantea un severo régimen de inhabilidades e incompatibilidades para que ni los magistrados ni sus parientes hasta cierto grado puedan ser recompensados después de su retiro. Incluso propone que exista la pensión vitalicia, siempre y cuando se limite el ejercicio de actividades futuras.

En la misma publicación, el ex ministro de Justicia e integrante de la comisión de empalme del gobierno entrante con el saliente, Fernando Carrillo, aporta una “caja de herramientas” de acceso a la justicia que va desde la prestación de asistencia legal para las personas habitualmente excluidas del sistema, o nuevas formas de conocimiento del derecho, hasta el fortalecimiento de la justicia civil y de familia, laboral, agraria y de vivienda —siempre marginalizadas—, para que no se privilegie únicamente el derecho penal.

En otras palabras, las propuestas abundan. Para la muestra, el documento elaborado este año por una comisión de expertos, por encargo del gobierno Uribe, en el que, entre otros puntos, se plantea que sea el Presidente quien elija al  Fiscal General de la Nación, de una lista elaborada por la propia Corte Suprema de Justicia; que la Judicatura se convierta en el Consejo Nacional de la Administración Judicial, con menos magistrados, y mantener la tutela contra providencias judiciales, con ciertos límites. ¿Tendrá en cuenta Santos estas recomendaciones?

Obviamente, en el escenario entran en juego las propuestas que el propio presidente electo hizo cuando era candidato: crear una gerencia general de la justicia, eliminar la sala administrativa de la Judicatura, reglamentar la tutela para resolver el choque de trenes, respaldar la prórroga de la Ley de Justicia y Paz, y la implementación de un arancel judicial para recaudar los recursos que se requieren para fortalecer a la Rama.

En síntesis, más allá de un saludo protocolario, el acercamiento entre Juan Manuel Santos y los presidentes de las altas cortes, después de los tiempos tempestuosos entre Uribe y la Corte Suprema de Justicia, ya de por sí es ganancia. Según los expertos, no cabe duda de que hay muchas cosas por reformar en la justicia  porque la impunidad sigue siendo muy alta. Pero, definitivamente, no habrá avances en este sector si no se garantiza que sus fallos sean respetados y acatados.