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Opinión

La hora cero de la vacuna

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Nicolas Perez Conectate 750

Desde que inició la pandemia la gran pregunta que todos nos hemos hecho es saber cuándo habrá una vacuna para el virus. Han pasado nueve meses, 39.214 colombianos fallecieron, entramos oficialmente en recesión y aunque hemos recuperado 3.7 de los 5 millones de empleos perdidos, todavía quedan 1.3 millones de puestos de trabajo por recuperar.

Afortunadamente, ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Dos titanes farmacéuticos, Moderna y Pfizer, anunciaron que sus vacunas tienen una efectividad del 95% y entre finales de este año e inicios del próximo iniciarán el proceso de distribución.

Siendo esto así, los interrogantes que ahora surgen para nosotros es determinar qué cantidad de dosis compramos, cuánto nos van a costar y cómo las financiamos.

Pues bien, frente a las primeras dos preguntas es necesario señalar que esta semana el Ministro de Salud anunció que Colombia había asegurado 20 millones de dosis por US$ 106 millones, las cuales permitirán vacunar a 10 millones de colombianos, dado que, hasta el momento, se requieren dos aplicaciones por persona.

Lógicamente, aquellos que se encuentran en condición de riesgo, como los mayores de 60, recibirán de primero la vacuna. Al fin y al cabo, a pesar que los ciudadanos que superan esa edad solamente concentran el 15.1% de los casos confirmados, representan el 76.8% de los fallecidos, mientras que, por el contrario, aunque el 55.1% de los contagiados tienen entre 0 y 39 años, el porcentaje de letalidad de ese grupo poblacional apenas llega al 4.1%.

Ahora bien, respecto al tercer interrogante las cosas se empiezan a complicar un poco. En efecto, para nadie es un secreto que Colombia está atravesando por una situación fiscal apremiante. A raíz de la pandemia el Gobierno se vio obligado a aumentar en 10 puntos del PIB el nivel de endeudamiento del País y cada vez estamos más cerca de perder el grado de inversión, lo que implicaría un aumento en las tasas de interés de los créditos internacionales que solicita la Nación para financiar el Presupuesto. En otras palabras, nos saldría más caro endeudarnos.

Por eso, es fundamental diseñar nuevas estrategias que nos permitan recaudar los recursos necesarios para garantizar la vacunación de toda la población. Para tal fin, en el Congreso estamos ad portas de aprobar un proyecto de ley que nos permitirá hacer una gran vaca donde el Estado, de la mano con el sector privado, tendrá el presupuesto requerido para adquirir todas las dosis necesarias.

En concreto, la iniciativa en mención le otorgará un beneficio tributario durante 2021 y 2022 a aquellas personas y empresas que realicen donaciones para comprar la vacuna. Aunque en principio esta labor debería ser responsabilidad exclusiva del Gobierno, lo cierto es que en medio de la difícil situación económica por la que atravesamos debemos ser más pragmáticos que idealistas y hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr superar la pandemia.

De hecho, con los recursos destinados para mitigar la emergencia se están financiando medidas como el subsidio a la nómina, el apoyo para el pago de la prima o el ingreso solidario, razón por la que un aporte adicional del sector privado es bastante necesario, más aún cuando después de la vacunación de las 10 millones de personas iniciales todavía quedarán por adquirir las dosis para 20 millones de colombianos más, de tal manera que lleguemos a la cifra de 60% del País vacunado, punto donde epidemiológicamente ya se empieza a considerar bajo el riesgo de contagio.

Al respecto, si el Gobierno logra adquirir las 40 millones de dosis adicionales que se requerirían para cumplir tal fin al mismo precio con que compró el lote inicial, estaríamos hablando de unos US$212 millones aproximadamente, lo que se traduce en cerca de $765.532 millones de pesos, con lo cual, sumando el gasto para las primeras 20 millones de dosis, el País terminaría destinando más de $1 billón de pesos en vacunación.

Debido a esta razón, el incentivo tributario que dentro de poco entrará a regir es un gana-gana para todos. Por un lado, el Estado podrá recibir una considerable inyección de recursos en el corto plazo para financiar la compra de las dosis. Por otro lado, los donantes se benefician de un descuento del impuesto sobre la renta del 50% del valor de la donación y, finalmente, el País podrá reabrir su economía a plenitud para revivir la sostenida tendencia de crecimiento que habíamos visto durante 2018 y 2019.

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