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Resumen: Carlos Andrés, señalado como el presunto hacker de la DNI, ya no está en el búnker de la Fiscalía: fue trasladado a una de las cárceles más grandes del país por una orden que los medios atribuyen a la Casa de Nariño. En la nota le contamos por qué su nombre está en el centro de dos escándalos.
Puntos clave
- Carlos Andrés, señalado como el presunto hacker de la DNI, fue trasladado del búnker de la Fiscalía a la cárcel La Picota de Bogotá.
- Medios atribuyen el traslado a una orden del presidente Abelardo De La Espriella.
- Un juez le impuso medida de aseguramiento por el caso de los títulos falsos en la Unad; no aceptó los cinco delitos imputados.
- Por las denuncias de ataques informáticos desde la DNI durante el gobierno Petro aún no hay imputación penal en su contra.
El exfuncionario Carlos Andrés, señalado como el presunto hacker de la DNI, fue trasladado a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, en medio del escándalo por las denuncias de espionaje y ataques informáticos que habrían operado desde esa entidad de inteligencia durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
El traslado se conoció este 19 de noviembre, menos de dos semanas después de su captura. De acuerdo con la versión de Noticias RCN, que reveló la primicia, la orden de sacarlo del búnker de la Fiscalía, donde permanecía bajo custodia, salió de la Casa de Nariño, del presidente Abelardo De La Espriella.
El señalado hacker de la DNI había sido capturado el pasado 6 de noviembre en Neiva (Huila), durante un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar.
Desde entonces permanecía en poder de las autoridades mientras avanzaba el proceso penal que enfrenta por presuntas irregularidades informáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), el expediente por el que ya tiene medida de aseguramiento.
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El caso de la Unad que lo tiene tras las rejas
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario habría hecho parte de una estructura dedicada a modificar calificaciones y registros financieros en el campus virtual de la Unad, mediante la intervención irregular de los sistemas de información de esa institución de educación superior.
Las maniobras, que presuntamente ocurrieron entre 2017 y 2023, les habrían permitido a por lo menos 19 estudiantes obtener títulos profesionales sin cumplir los requisitos académicos. Según la investigación, algunos de los beneficiados terminaron trabajando en una alcaldía con títulos irregulares.
El ente acusador sostiene que el señalado habría actuado como intermediario entre los estudiantes interesados en alterar sus notas y personas que, desde el interior de la universidad, tenían acceso a las plataformas y credenciales necesarias para modificar los registros. En la audiencia, la Fiscalía explicó que el acuerdo criminal tenía «vocación de permanencia».
El propio historial académico del exfuncionario habría sido intervenido en 46 oportunidades, lo que presuntamente le permitió obtener los títulos de ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública, que después habría utilizado para aspirar a cargos en entidades estatales. También es señalado de falsificar comprobantes de pago por cerca de $35 millones relacionados con matrículas. La universidad detectó una irregularidad similar en su maestría y le impidió graduarse.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos le imputó cinco delitos: concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal.
El exfuncionario no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó el 13 de noviembre enviarlo a un centro carcelario como medida de aseguramiento, decisión que terminó de materializarse con su ingreso a La Picota.
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¿Por qué lo señalan de ser el hacker de la DNI?
El expediente de la Unad es distinto de las denuncias que rodean su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En un informe interno de esa entidad, conocido públicamente, el nombre del señalado hacker de la DNI aparece mencionado por su presunta participación en operaciones informáticas contra la Registraduría Nacional y en el acceso irregular a bases de datos de otras instituciones del Estado.
Esos señalamientos también lo ubicaron en el centro de las denuncias sobre el presunto uso de las capacidades de inteligencia durante la administración de Gustavo Petro. No obstante, hasta ahora no se conoce una imputación penal en su contra por esos supuestos ataques informáticos.
Con su llegada a La Picota, el exfuncionario queda recluido en uno de los principales establecimientos penitenciarios del país, mientras continúa el proceso judicial por las presuntas alteraciones de los registros académicos de la Unad y permanecen bajo escrutinio los señalamientos relacionados con su actividad en la DNI.
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