“El proyecto regula las condiciones mínimas de la convivencia ciudadana, con una visión moderna de la función de policía y más eficiente el papel de la autoridad local en la administración de los problemas cotidianos que inciden en la tranquilidad, seguridad y garantías mínimas esenciales de libertades de los ciudadanos”, explicó el Ministro Vargas Lleras, luego de radicarlo.

En el marco de la Política de Seguridad Ciudadana liderada por el Gobierno Nacional, el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, radicó este martes en la Secretaría de Senado de la República el proyecto de ley por el cual se expide el Código Nacional de Policía.

“Es importante resaltar que el presente proyecto de ley regula las condiciones mínimas de la convivencia ciudadana, con una visión moderna de la función de policía y más eficiente el papel de la autoridad local en la administración de los problemas cotidianos que inciden en la tranquilidad, seguridad y garantías mínimas esenciales de libertades de los ciudadanos”, explicó el Ministro Vargas Lleras, tras radicar el texto.

Estos son los principales puntos del proyecto:

1. Unifica la legislación policial en un solo cuerpo.

2. Organiza y actualiza aspectos como las multas en salarios mínimos legales vigentes. De manera que un infractor tendría que pagar desde un día de salario mínimo legal vigente hasta 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el caso.

3. Determina un nuevo procedimiento único de Policía, más ágil y expedito, que permite la aplicación de medidas oportunas y eficientes, para la protección de la convivencia colombiana.

4. Determina prohibiciones y funciones de control de Policía para la fabricación, uso y almacenamiento de pólvora.

5. Respecto a establecimientos de comercio, industria, corporaciones, fundaciones o de otra naturaleza, fija requisitos para su funcionamiento, cuyo único objetivo es garantizar el orden en la actividad comercial del país. El incumplimiento de esta norma da origen al cierre definitivo del establecimiento.

6. Propende por la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, contribuyendo a la descongestión de la administración judicial y facilitando el acceso a la administración de justicia de los ciudadanos.

Bogotá, 5 oct (SIG).

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Redacción Minuto30

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