Imagen de archivo utilizada para ilustrar la noticia, foto: Rcn.

Los ministerios de Justicia, Defensa, Salud, y Ambiente informaron a la opinión pública acerca de la elaboración de este Proyecto de Decreto, cuyo propósito es crear un marco normativo especial sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente en el marco de la disposición de la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.

Mediante la reglamentación de la actividad de erradicación a través del método de aspersión aérea que propone este Proyecto de Decreto se da cumplimiento a los requerimientos de la Corte Constitucional, que establecen la obligatoriedad al Gobierno Nacional de no reanudar la aspersión aérea hasta proveer una protección constitucional razonable del derecho a la salud en el marco de la ejecución de esta actividad.

Según el Gobierno, la reanudación de la aspersión aérea, como una herramienta complementaria de la estrategia integral para la reducción de los cultivos ilícitos y de la producción de drogas, será definida por el Consejo Nacional de Estupefacientes una vez se desarrolle la reglamentación que propone el Proyecto de Decreto, que determina principalmente:

– La ejecución de la actividad a cargo de la Policía Nacional.

– Un mecanismo independiente de seguimiento por parte del Instituto Nacional de Salud (INS) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

– Una evaluación permanente del riesgo a cargo del INS y de la ANLA.

– Una ruta de revisión automática de decisiones frente a la modificación o continuación de la actividad a partir de la evidencia de posibles nuevos riesgos que arroje el sistema de evaluación.

– El desarrollo de estudios antes, durante y después de la ejecución de la actividad sobre los efectos en la salud y el medio ambiente.

– Un procedimiento independiente de quejas sobre afectaciones a la salud, al medio ambiente, a bienes agropecuarios y a viviendas.

– Y espacios para la participación ciudadana y el acceso a la información.

«La aspersión aérea es una herramienta que utilizada con precisión y bajo el control efectivo de los riesgos a la salud y al medio ambiente, cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, permitirá mayor efectividad en la reducción de los cultivos ilícitos», resaltó el Gobierno.

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Redacción Minuto30

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