Gobierno presentó proyecto para modificar el Código Penitenciario y Carcelario

“Somos conscientes del problema pero las soluciones tienen que ser de carácter estructural. Con esta propuesta de reforma no estamos debilitando la Ley de Seguridad Ciudadana, delitos como la extorsión, el robo con violencia, hurto agravado, el abuso sexual de menores, no tendrán ningún tipo de beneficio, como hoy ocurre”, indicó.

La Ministra recalcó que las medidas propuestas por el Gobierno apuntan a humanizar la situación carcelaria conservando los principios de Justicia, Seguridad y Modernización.  “No vamos a deshacinar las cárceles a costa de la ciudadanía. No vamos a soltar a los delincuentes”, aseguró la Ministra.

Entre las medidas que incluye esta propuesta está el que los entes territoriales asuman  la responsabilidad que tienen por Ley de atender a la población detenida de manera preventiva. Esta propuesta de Código rescata y refuerza esta obligación.

“Hoy, en cárceles del orden nacional hay alrededor de 40 mil personas, es decir, el equivalente a la sobrepoblación carcelaria.  Si cada uno de los más de 1.100 municipios del país se hiciera cargo de los detenidos de manera preventiva, tendrían que tener a su cargo alrededor de 35 personas”, indicó.

La Ministra también destacó que el proyecto incluye la vinculación del sector privado a través de varios mecanismos. Uno de ellos, a través del cual se permite la Asociación Pública Privada para la construcción de establecimientos de reclusión.

“Descartamos la declaratoria de Emergencia Carcelaria porque lo único que permite esta medida es contratar de manera directa para abrir cupos en las cárceles. Eso lo estamos haciendo desde ahora y esperamos que para el mes de junio tengamos lista la primera alianza para la construcción de un centro penitenciario a través de este modelo”, indicó Correa.

La alta funcionaria también aseguró que la iniciativa promueve estímulos que puede ir hasta la exoneración de impuestos, para que la empresa privada que contrate el trabajo de las personas privadas de la libertad y personas que hayan terminado de pagar su pena. Y recalcó que el no tener con qué pagar una multa no podrá ser un obstáculo para que las personas recuperen la libertad.

La Ministra enfatizó, finalmente, en que esta iniciativa le apunta también a disminuir los riesgos y los costos de traslados de los internos a diligencias judiciales. “Estamos proponiendo que se establezcan apoyos judiciales al interior de los centros de reclusión y en los juzgados a través de la construcción de salas de audiencias virtuales”, concluyó.