Una de las apuestas que tenemos como país será lograr la carbo-neutralidad en el 2050. Las energías renovables no convencionales son fuente de energía clave para la Transición Energética del país, sin embargo, de manera curiosa, incoherente y poco comprensible, el Gobierno del «cambio», pone en riesgo los proyectos de energías renovables que nacieron jurídicamente desde el año 2014, con la entrada en vigencia de la Ley 1715 de 2104 y afianzada con la ley 2099 de 2021, al aumentar de manera gradual las transferencias del 1% al 6% en el artículo 207 del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Poco le importa al Gobierno que actualmente estén en marcha 80 proyectos de energías renovables, que estarían programados para el 2023- 2024 (3.330 MW), ejecución que atendería a 1.8 millones de colombianos, con la generación de 3.330 MW, una inversión de 2.500 y 3.400 millones de dólares y representando el 53%, superando la inversión extranjera anual en electricidad, gas y agua.

Gobierno incoherente, que en su agenda internacional anuncia la gran estrategia de la “Transición Energética Justa”, con la utopía de la Ministra Irene, de salvar el mundo desde Colombia, debilitando y tratando de llevar al país a la no exploración y explotación de hidrocarburos. En el PND intentaron aprobar la integración vertical del mercado del gas y de Ecopetrol, afortunadamente logramos eliminar estos dos artículos (218 y 364), pero cómo si no fuera poco, le dan un coletazo al sector empresarial de las energías renovables, aumentando de manera progresiva las transferencias del 1% al 6%.

Afortunadamente ante la violación de la Ley, existe la justicia, en los próximos días presentaré ante la Corte Constitucional demanda de Inconstitucionalidad contra el Plan Nacional de Desarrollo, por la vulneración de la Ley 5 de 1992, que establece el trámite legislativo, al no permitirme dar el debate y la sustentación de la proposición que solicitaba a la Plenaria de la Cámara, para reabrir el debate del artículo 207, además de las dos proposiciones que pretendían eliminar dos derogatorias del artículo 373, una de ellas para que continuara vigente el artículo 13 de la Ley 2128 de 2021 y los artículos 2 y 3 de la Ley 2186 de 2022, relacionados con la obligación de los alcaldes de sustituir el 30% de su parque automotor a gas, se le suma otro error al gobierno frente a su estratégica de la “Transición Energética Justa”, al parecer poco estudiosos los asesores de la Ministra Vélez.

De acuerdo con SER Colombia (Asociación Energías Renovables) después de la reactivación económica, la demanda de energía eléctrica ha venido aumentando a una tasa superior al 4.4% pero el crecimiento del parque generador no ha sido superior al 0.8%, es decir, la demanda de energía de los colombianos viene creciendo tres veces más que la capacidad de generar.

Gobierno incoherente, tomando decisiones improvisadas, sin sustento técnico, poniendo en riesgo la seguridad energética del país, ¿será que su propósito es llevarnos a un apagón, a quemar leña y a los carros de rodillos?

¡Llegó el cambio, pero en reversa!

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Redacción Minuto30

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