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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro/EFE
Los gobernadores de catorce de los 27 estados de Brasil criticaron este martes, en una carta pública, el decreto mediante el cual el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, flexibilizó la posesión, la venta y el porte de armas en el país.
Para los gobernadores críticos, entre los cuales hay algunos de partidos que apoyan al jefe de Estado, el decreto firmado a comienzos de este mes para ampliar el derecho de los ciudadanos a comprar y portar armas va a aumentar la violencia en el país.
«Consideramos que las medidas previstas en el decreto no contribuirán para aumentar la seguridad en nuestros estados. Por el contrario, tales medidas tendrán impacto negativo en la violencia», según la carta abierta de los gobernadores.
Según los jefes de las administraciones regionales, la flexibilización de la legislación «aumentará la cantidad de armas y municiones en poder de criminales y aumentará los riesgos de que discusiones y peleas entre ciudadanos terminen en tragedias».
Entre los suscriptores destacan gobernadores que lideran la oposición a Bolsonaro, como el de Ceará, Camilo Santana; el de Espíritu Santo, Renato Casagrande, y el de Maranhao, Flavio Dino, pero también algunos de partidos oficialistas, como los de Brasilia, Ibaneis Rocha; Pará, Helder Barbalho, y Alagoas, Renán Filho.
Entre los que no suscribieron destacan los gobernadores de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, los estados más poblados y ricos de Brasil y que son importantes aliados del líder ultraderechista. El gobernador de Río, Wilson Witzel, es un defensor de medidas armamentistas para la violencia como el presidente.
Los gobernadores contrarios piden en su carta que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial intervengan para la «inmediata revocación» de la medida de Bolsonaro y para la puesta en marcha de una «efectiva política responsable de armas y municiones en el país».
Agregaron que reconocen que la violencia y la inseguridad afectan a gran parte de la población brasileña y son obstáculos al desarrollo humano y económico del país, pero que la gran disponibilidad de armas de fuego usadas de manera ilícita representa un «enorme desafío» para la seguridad pública.
El decreto de Bolsonaro ha sido cuestionado por todas las organizaciones de defensa de derechos humanos, e incluso Amnistía Internacional pidió este martes públicamente su revocación, pero también ha sido objeto de recursos de la Procuraduría y calificado como inconstitucional por organismos asesores del Congreso.
El Ministerio Público pidió la semana pasada en su recurso ante el juez decimoséptimo federal de Brasilia que suspenda la vigencia del decreto por lo menos hasta que la Justicia se pronuncie de forma definitiva sobre el mérito de la medida.
El cuestionado decreto ejecutivo, firmado el 7 de mayo pasado por Bolsonaro y que entró en vigor ese mismo día, flexibiliza las normas para la compra, la posesión y el porte de armas y municiones en el país, y amplía la cantidad de categorías profesionales que pueden tener acceso a armas.
Las numerosas demandas contra la constitucionalidad de la medida obligaron a la magistrada Rosa Wéber, una de las integrantes de la Corte Suprema, a pedirle al mandatario que «explique» los términos de su decreto para poder juzgar la legalidad de la medida.
Tras la serie de críticas a su iniciativa, que fue una de sus promesas de campaña electoral, Bolsonaro admitió que «si el decreto es inconstitucional, entonces tiene que dejar de existir», aunque ha dado a entender que la medida no será suspendida ni retirada por iniciativa propia del Gobierno.
El decreto de Bolsonaro da el derecho a portar armas, incluso fusiles, a políticos que ejerzan un cargo público, camioneros, periodistas que cubran asuntos policiales, cazadores, dueños y socios de clubes de tiro, abogados, agentes de tránsito y residentes en zonas rurales, entre otros.
El decreto también libera la importación de municiones y armas para todas las personas autorizadas a portarlas, previa autorización del Comando del Ejército, que junto con la Policía Federal estará a cargo de la fiscalización de todo lo relativo a los permisos.
Bolsonaro, quien se declara «armamentista», dijo al sancionar el decreto que «la seguridad pública comienza dentro de casa» y que el Gobierno pretende garantizar «el derecho individual de que cada quien que quiera tener y portar un arma de fuego lo pueda hacer», siempre y cuando se atenga a los límites legales.
EFE
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