Alfredo Cornejo, el gobernador de la provincia de Mendoza, en Argentina, consiguió que fuera aprobada una ley que obliga a los presos a trabajar, regulando los empleos en las cárceles.
El mandatario argumentó que con esta se busca “terminar con las cárceles de ‘máxima ociosidad’, donde la permanencia inactiva de los presos en el penal se convierte en un privilegio, ya que no tienen la misma obligación de trabajar que los ciudadanos decentes sí tienen, para satisfacer sus necesidades”.
El proyecto fue rápidamente aprobado por el Senado y la Cámara de diputados donde obtuvo la mayoría de los votos.
La ley prevé la obligación de trabajar de los reos para obtener beneficios en sus condenas, además de recibir un salario con el que pueden ayudar a sus familias, retribuir monetariamente a las víctimas y ahorrar para su eventual salida a la libertad.
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