Ante un juzgado de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos de captación masiva y habitual de dinero en forma ilegal, omisión de reintegro, estafa masiva y concierto para delinquir, en contra del empresario Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, accionista de la firma Interbolsa S.A.

victor maldonado

La delegada fiscal especializada en el tema advirtió ante el juez, que se trata de una persona con mente delictiva, conocedor de cada detalle de las operaciones financieras realizadas en Interbolsa S.A y el Fondo Premium, con transacciones para su beneficio con destino a empresas de las cuales era socio y que a propósito fueron liquidadas para evadir la devolución del dinero de los inversionistas.

En audiencia virtual desde España, en donde permanece en estado de detención Maldonado Rodríguez, la Fiscalía insistió en que el procesado no ha mostrado si quiera una mínima voluntad de devolver el dinero a cerca de 1.028 inversionistas quienes entregaron bajo engaño más de 64 millones de dólares.

“A la fecha, no hemos tenido información o por lo menos alguna colaboración de Maldonado para devolverle el dinero a los inversionistas a pesar de la intervención del Estado que pretende la entrega del dinero a sus legítimos propietarios”, sostuvo la delegada fiscal Alexandra Ladino, encargada del caso.

Las víctimas son personas del común, sin preparación en temas financieros, estafados con maniobras engañosas como de la alta rentabilidad, portafolios de poco riesgo, actividades financieras pasivas y con intereses que eran supuestamente calculados en dólares y en el exterior.

La Fiscalía mediante elementos materiales probatorios demostrará en juicio que el dinero de los inversionistas iba a parar a las firmas Malta S.A en liquidación, Tres Palmas en liquidación y Helados Modernos S.A en liquidación, las cuales no tenían el aval de la Superfinanciera para la captación de dinero por su objeto social.

La audiencia pública quedó programada para el 8 de mayo próximo, cuando se espera que el empresario acepte los cargos imputados por el ente acusador.

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