Ante un juez penal del circuito de Bogotá con funciones de conocimiento, la Fiscalía General de la Nación imputa cargos en contra de Claudia Patricia Aristizabal González, Natalia Zúñiga Isaac, Ricardo Emilio Martínez Gómez, Tomás Jaramillo Botero, Juan Carlos Ortíz Zarate y Juan Andrés Tirado Moreno; presuntamente implicados en el fraude a los inversionistas a través de la intervenida Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa.
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La delegada del ente acusador les atribuye los delitos de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores, administración desleal, concierto para delinquir, estafa y captación masiva y habitual de dinero y no reintegro.

Durante la audiencia la delegada fiscal Alexandra Ladino afirmó que el 80 por ciento del mercado de valores a cargo de Interbolsa se tramitó de forma irregular, al punto que hoy se han hecho cerca de 1.027 reclamaciones que ascienden a $191 893 000 000, un poco menos de 64.4 millones de dólares.

“El dinero de los inversionistas iba a parar a las Islas Vírgenes o Curazao sin autorización de la Superintendencia Financiera y de los clientes que confiaban sus dineros en la comisionista”, advirtió Ladino.

Agregó que se negociaba el dinero en mercados secundarios o se realizaba la compra venta de acciones entre los mismos accionistas sin autorización de la Superintendencia Financiera lo que constituye el delito de captación masiva de dinero, expresamente contemplado en el código penal.

Frente al procesado Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, deudor de empresas relacionadas con el Fondo Premium quien no se ha hecho presente en las audiencias preliminares, su defensa afirmó que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía y que asistirá a las audiencias de imputación de cargos mediante comunicación virtual o satelital, para lo cual tramitarán los permisos ante las autoridades competentes.

“Estamos verificando alguna información que nos ha suministrado la defensa y posteriormente tomaremos alguna decisión importante frente a esta persona, todo esto con un juez de control de garantías para adoptar una posición a seguir como institución”, concluyó el fiscal delegado en este proceso Carlos Alfredo Rodríguez Daza.

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