Fiscalía abre investigación por corrupción contra la canciller Laura Sarabia

En un hecho que estremece los cimientos del Gobierno Nacional, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, se encuentra ahora bajo la lupa de la justicia tras la apertura de una investigación formal en su contra por parte de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia.

La alta funcionaria enfrenta graves acusaciones por los presuntos delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Este giro inesperado en el panorama judicial marca un punto de inflexión, ya que Sarabia pasa de ser testigo o denunciante a investigada formalmente.

Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía solicitó y ya recibió documentación esencial de la Presidencia de la República, incluyendo el acta de posesión, el decreto de nombramiento y certificaciones detalladas de los servicios prestados por Sarabia en el gobierno. Esta información confirma su fuero constitucional como alta funcionaria del Estado.

Adicionalmente, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) entregó registros financieros completos de la canciller desde el año 2022 hasta la fecha, que incluyen salarios, viáticos, compensaciones y otros ingresos percibidos durante su gestión en el Ejecutivo. Según fuentes cercanas al caso, el objetivo principal es determinar si ha existido un incremento patrimonial irregular que pudiera constituir delito.

Este desarrollo judicial toma un cariz particularmente relevante considerando que apenas el pasado 30 de abril, Laura Sarabia había comparecido ante la Fiscalía en calidad de testigo, no de investigada.

En aquella ocasión, la funcionaria habría entregado audios que podrían implicar al ministro del Interior, Armando Benedetti, en supuestas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

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Este movimiento ha generado intensas especulaciones sobre posibles fracturas internas en el alto gobierno.

Según confirmó la Fiscalía, la investigación tuvo su origen en una denuncia formal presentada por la Red de Veedurías en junio de 2024, donde se señalaban presuntas irregularidades y un enriquecimiento aparentemente injustificado de empresas vinculadas a familiares cercanos de la actual canciller.

La investigación promete ser compleja y podría extenderse por varios meses, según expertos.

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