Al atender la petición de la Fiscalía el Juez 48 Penal de Bogotá, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento intramuro a Claudia Patricia Rojas, ex coordinadora del grupo de recobros del Ministerio de Protección Social, Luis Andrés Ruiz Martínez, ex director de sistemas de la misma cartera, Edgar Medina Millán, Héctor Mauricio Durán Poveda y John Carlos Lemus Rodríguez, particulares.
Esas personas están procesadas por su presunta responsabilidad en el multimillonario desfalco al sector de la salud, y en tal sentido el fiscal del caso les endilgó cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho propio, enriquecimiento ilícito para terceros y prevaricato por acción.
De acuerdo con lo establecido por los investigadores se habría producido la apropiación de 24 mil millones 633 mil 617millones de pesos, mediante recobros inflados y a nombre de personas fallecidas, entre otros procedimientos ilegales utilizados, presumiblmente, por los hoy imputados.
También, según lo expuesto por el fiscal del caso, los implicados utilizaron cuentas de terceras personas para recoger los dineros obtenidos por las maniobras fraudulentas.
Al término de la audiencia de imputación ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los punibles citados.
La medida de aseguramiento la cumplirán los imputados en reclusorios de Bogotá, de acuerdo con lo dispuesto por el juez de garantías.
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Información previa:
Ante el Juez 48 Penal de Bogotá, con funciones de control de garantías, el Fiscal 23 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá imputó cargos a cinco procesados por concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho propio, enriquecimiento ilícito para terceros y prevaricato por acción.

De acuerdo con lo establecido por la investigación, se habría producido la apropiación de 24 mil millones 633 mil617millones de pesos, mediante recobros inflados y a nombre de personas fallecidas, entre otros procedismientos.
Según lo expuesto por el fiscal del caso, los hoy procesados supuestamente utilizaron cuentas de terceras personas para desviar los dineros que recibían de las transacciones ilegales.
Ninguno de los imputados se allanó a cargos. La Fiscalía solicitó para esas personas la imposición de medida restrictiva de libertad.
Tal petición fue respaldada por el delegado del Ministerio Público, que calificó como falta gravísima la actuación de los procesados.
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