Las firmas de la discordia en la revocatoria para Medellín

Cuando un ente gubernamental impone una orden, se supone que éste se debe cumplir, y digo se supone porque en el caso de la recolección de firmas para la revocatoria del Alcalde Quintero, el Juzgado 33 Administrativo de Oralidad del circuito de Medellín informó que aceptó una acción de tutela solicitada como medida provisional para la suspensión de la entrega de planillas a los promotores de la Revocatoria del Mandato por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

A la luz pública el proceso de recolección de firmas se detuvo después de la orden dictada por el juzgado 33, proceso por el cual las firmas recogidas hasta ese momento carecen de validez, pues existen dos factores que no se cumplían dentro de dicho proceso: “no tenían un protocolo de bioseguridad definido” y el #alcalde Adhoc no se había posesionado”, así que los esfuerzos hechos en su momento no tienen validez alguna.

Más allá de esta orden, los promotores siguieron haciendo la recolección de firmas, incumpliendo la orden dada por el juez, en algunos casos personas en estado de alicoramiento recorrían la ciudad recogiendo firmas sin utilizar siquiera un tapabocas, hablando de frente con algunos firmantes y no siendo correspondientes con el distanciamiento social; en otros casos hubo miembros de las juntas de acción comunal que citaban a ciudadanos en cafeterías para generar coerción para repartir planillas, recoger firmas y no poner la fecha de la firma, diciendo que continuarán con el proceso y la fecha la pondrían apenas la tutela fuera fallada para poder seguir con la recolección de firmas.

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No siendo estos dos motivos suficientes para dudar de la transparencia del proceso, aparecen las discordias entre ambos grupos que lideran la revocatoria, “Mas Medellín” y “Medellín te pertenece”, sus voceros han tenido discusiones en redes sociales y en grupos de mensajería que demuestran profundas distancias y ponen en duda el proceso individual que cada comité hace al recolectar firmas.

Lo cierto de todo este proceso, es que los medellinenses no saben qué hacer, pues ya dudan de consignar sus datos personales en cualquier planilla porque no saben con qué fin se podrán utilizar aparte de la revocatoria; algunos de ellos ya se quejan de ser agregados a bases de datos con fines comerciales, otros dicen que pueden tener susto de ser parte de estafas al entregar datos esenciales y que los delincuentes en medellín puedan aprovechar esta situación para hacer de las suyas.

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Sin embargo, sería bueno conocer la posición de la Registraduría y del juzgado 33 que admitió la tutela al saber que no se han respetado las órdenes dadas, lo que pone en duda la transparencia y respeto de las leyes por parte de los comités pro-revocatoria, y también desvirtúa las órdenes que se toman en materia legal, pues al no cumplirlas se da una imagen de respeto institucional por parte de los ciudadanos, lo que se puede convertir en un ejemplo para otros procesos legales y tutelas que se presentan en pro del beneficio ciudadano.

¿hasta donde un propósito ciudadano teñido de política lleva a hacer este tipo de actos ilegales? porque si es así, los entes de control deben poner la lupa en este caso, y si es necesario, sancionar a los comités que están incumpliendo permanentemente las decisiones administrativas y legales que profieren las autoridades.

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