Fin a la impunidad: Gobierno De La Espriella reactiva órdenes de captura contra alias «Calarcá» y 30 exgestores de paz

El recién posesionado gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha dado un timonazo definitivo a la política de paz implementada por su antecesor. En una decisión administrativa de alto impacto, el Ejecutivo ordenó la reactivación inmediata de las órdenes de captura vigentes contra más de 30 cabecillas de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estos líderes guerrilleros gozaban del estatus de «gestores de paz», una figura jurídica otorgada por la administración anterior que suspendía temporalmente las medidas de aseguramiento en su contra para facilitar los diálogos exploratorios y mesas de negociación. Con esta nueva directriz, dicho estatus queda revocado.

El blanco principal: Alias ‘Calarcá’

Entre los nombres de mayor relevancia dentro de la lista oficial de capturas reactivadas destaca el de Alexander Díaz Mendoza, conocido en el mundo criminal y judicial bajo el alias de ‘Calarcá’.

Este veterano líder insurgente ha sido una pieza clave dentro del entramado de las disidencias, con un largo historial operativo y una fuerte influencia en el control territorial y las rentas ilícitas en varias regiones del país. Su inclusión como objetivo prioritario envía un mensaje claro sobre la intención del nuevo gobierno de desarticular las cúpulas de estas organizaciones.

Instrucciones a la Fuerza Pública y la Fiscalía

La orden presidencial no se queda en el papel. El Ejecutivo ha instruido de manera directa y urgente a todos los organismos de seguridad del Estado —Fuerzas Militares y Policía Nacional—, así como a la Fiscalía General de la Nación, para que procedan con la ejecución de estas medidas judiciales.

• Reactivación de operativos: Se espera el despliegue inmediato de operaciones de inteligencia y acción ofensiva en todo el territorio nacional para lograr la ubicación y posterior captura de estos mandos insurgentes.

• Coordinación interinstitucional: La Fiscalía deberá garantizar que los expedientes y las órdenes judiciales estén plenamente activas y respaldadas para evitar contratiempos legales al momento de las detenciones.

Esta medida se suma a las recientes declaraciones del presidente De La Espriella y a los resultados operativos como la baja de alias «Max Max», consolidando lo que parece ser una estrategia de seguridad nacional basada en la confrontación directa y la «mano dura» contra las estructuras armadas, marcando el fin oficial de la política de «Paz Total».