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Los familiares de los once desaparecidos después de la sangrienta retoma del Palacio de la Justicia, asaltado por la desaparecida guerrilla del M-19 en 1985, mostraron su preocupación por la posible absolución del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, condenado en junio de 2010 por ese caso.

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Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del palacio y uno de los desaparecidos, aseguró que esa propuesta de absolución supone una «revictimización» y siente que «el Estado está jugando a un doble bando».

En su opinión, Colombia «por un lado dice que reconoce las víctimas y por otro está diciendo que no, que no hay responsables ni desaparecidos», según comentó.

En este sentido reclamó que la Corte Suprema «falle en derecho» tras analizar las pruebas, que para los familiares son suficientes para demostrar la implicación de Plazas Vegas, condenado a 30 años de prisión por estos hechos.

La toma guerrillera, realizada por el hoy desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) los días 6 y 7 de noviembre de 1985, provocó la intervención del Ejército y terminó con la muerte de más de 100 personas, entre ellas 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y 11 desaparecidos.

En un comunicado, los familiares subrayaron que Plazas Vegas fue condenado «exclusivamente por participar en una estructura criminal que se aparto de los fines constitucionales y decidió voluntariamente desaparecer forzadamente once personas».

Asimismo, recordaron que sometió a torturas a estudiantes, funcionarios y visitantes del Palacio de Justicia y en ningún momento por participar en el operativo militar de retoma del Palacio de Justicia.

Esta situación genera a las víctimas, según explicó Rodríguez, dudas sobre lo que quiere el Estado y creen que se produce «una especie de olvido frente a lo que paso hace 29 años», tras la retoma del Palacio de Justicia.

Sobre la filtración del documento en el que se plantea la posible absolución de Plazas Vegas a los medios de comunicación, Rodríguez subrayó que las primeras personas que deberían conocer el caso son los familiares a través de los abogados y no en la prensa, como ha sucedido.

«Nos damos cuenta de que al interior hay funcionarios que están filtrando información y desconocemos los fines», denunció. Bogotá, 4 dic (EFE)

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