Falsa fiscal se habría aliado con un policía para secuestrar a una comerciante en Medellín

A la cárcel enviaron a una falsa fiscal, un policía y un hombre más por, presuntamente estar implicados en el secuestro de una comerciante en Medellín.

Según lo revelado por la Fiscalía General de la Nación, el 4 de agosto de 2021 el investigador de la Sijin de la Policía, al parecer, por un contrato de inversión le entregó a una comerciante 78 millones para la comercialización de oro. En el documento se habría pactado un plazo de 6 meses, y se fijó un pago de intereses mensuales equivalente al 5%.

Sin embargo, a finales del mismo mes los procesados habrían retenido por dos horas y media a la comerciante en su oficina para, al parecer, presionar la devolución inmediata del dinero invertido. En el mismo lugar se habrían apoderado de 14 millones de pesos en efectivo, suma que según la falsa funcionaria de la Fiscalía quedaría en cadena de custodia hasta que pagara la totalidad de la millonaria inversión.

Los investigadores establecieron que mientras el patrullero custodiaba a la víctima, para que no usara el celular; mientras que la falsa fiscal habría constreñido a la víctima para que realizara el traspaso de una camioneta avaluada en más de 90 millones de pesos. Todo esto a cambio de no hacer efectiva una supuesta orden de captura que por el delito de estafa, supuestamente, habría contra la comerciante.

Según la investigación, un día después de la retención ilegal, la víctima fue citada a una notaría de Medellín para autenticar el traspaso del automotor y modificar el mencionado contrato, por un pagaré de pago inmediato.

El material probatorio obtenido por la Fiscalía permitió inferir que la mujer habría simulado ser fiscal en otras oportunidades; además de afirmar tener relaciones cercanas con altos oficiales de la Policía en Medellín y en la capital de la República. También estaría realizando otras actividades ilícitas en compañía del patrullero de la Policía Nacional.

Los procesados fueron capturados el pasado 16 de marzo y no aceptaron los cargos imputados como presuntos responsables de secuestro extorsivo, concierto para delinquir agravado, hurto calificado, simulación de investidura o cargo y falsedad en documento público y privado y abuso de la función pública.

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