Imagen de archivo de Juan Camilo Restrepo. EFE/Leonardo Muñoz

Bogotá, 11 may (EFE).- Una veintena de exministros, ex negociadores de paz y académicos presentaron un manifiesto con propuestas para mejorar la iniciativa de paz total del Gobierno colombiano, que incluye recomendaciones sobre temas como el cese de hostilidades, orden público y objetivos políticos.

«Quienes suscribimos este documento compartimos un profundo interés por la erradicación del uso de las armas como recurso para inducir el cambios social, así como con la superación de la violencia», señalaron los firmantes del «Manifiesto por la Paz Total».

El documento fue firmado, entre otros, por el embajador de Colombia en Países Bajos, Eduardo Pizarro; el exministro de Defensa Rafael Pardo, y Juan Camilo Restrepo, exjefe negociador de paz del Gobierno con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como por Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional.

La paz total es una de las principales del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien busca negociar un acuerdo o someter a la justicia a los diferentes grupos armados que operan en el país.

Igualmente, el mandatario anunció el pasado 31 de diciembre un cese el fuego por seis meses con la guerrilla del ELN, el Estado Mayor Central (el principal grupo de disidencias de las FARC), la Segunda Marquetalia (otra disidencia de las FARC), el Clan del Golfo y los paramilitares de la Sierra Nevada.

Sin embargo, días después el ELN, que es el único grupo que tiene una negociación de paz formal abierta con el Gobierno, dijo que no se sumaba a ese pacto porque fue anunciado sin haber sido acordado en la mesa de negociación y de forma unilateral.

El Gobierno también dio fin al cese el fuego con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, porque considera que este grupo lo quebró durante un violento paro minero que se prolongó por 33 días en la región del Bajo Cauca, en el noroeste de Colombia.

PROPUESTAS DE LOS FIRMANTES

Entre las propuestas, formuladas por las «experiencias acumuladas por distintos gobiernos», está que durante las negociaciones con los grupos armados ilegales es necesario que el Estado «ejerza de manera permanente su obligación de garantizar el orden público».

«Fragilidades o vacilaciones en este campo puede estimular e, incluso, fortalecer actividades delictivas», señalaron y agregaron que «nada impide que se pueda y se deba acordar desde ahora un cese de hostilidades», lo que consideran un «claro compromiso de los grupos armados al margen de la ley con la no afectación de la población civil como señal de un claro compromiso con la paz».

Otra de las recomendaciones es que la «lógica de la paz total conduce a una paz unitaria, en especial si se pretende, como debe ser, alcanzarla por un solo gobierno».

«En cuanto a las negociaciones mismas, la experiencia indica que es necesaria la adopción de agendas acotadas y una cierta secuencia que permita abordar primero los asuntos sustantivos y luego, en función suya, las reglas de implementación», destacaron.

Frente a las negociaciones con disidentes y reincidentes, los expertos sugirieron «proceder con especial cautela para evitar un círculo vicioso de negociaciones, fracturas, incumplimientos y nuevos acuerdos».

«El ideal sería, incluso, que estos grupos se acogieran a lo ya pactado en La Habana con las FARC-EP, dado que la casi totalidad de sus actuales dirigentes (…) refrendaron esos acuerdos en la X Conferencias (de la antigua guerrilla) celebrada en los Llanos del Yarí en el 2016», añadieron.

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Laura Pineda

Comunicadora social de la Universidad Católica Luis Amigó. Soy amante de contar historias de ciudad y tengo un agudo olfato periodístico.

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