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La Unidad de Investigaciones Especiales Anticorrupción de la Contraloría, dejó libre de culpa fiscal a la exministra de las Tics, Karen Abudinen, y al contratista Emilio Tapia, por considerar que no eran responsables del manejo o administración de los casi 70 mil millones de pesos que se perdieron en el programa de internet para los pobres.
Según la directora de esta unidad dentro de la Contraloría, la responsabilidad fiscal recae sobre los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados y tres funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, Mintics, encargados el manejo y la administración de los dineros destinados para llevarles internet a las poblaciones más apartadas de la geografía nacional, embolatados en el contrato firmado entre el Fondo Único de las Tics y la empresa Centros Poblados.
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“La CGR a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, imputó cargos de responsabilidad fiscal por más de 67 mil millones de pesos, por irregularidades presentada en el contrato celebrado entre el Fondo único TIC y Centros Poblado. Imputación que se adelanta contra miembros de la UT Centros Poblado, el representante legal y miembros del consorcio que hacía la interventoría, al igual que contra tres funcionarios del Ministerio de la TIC; la investigación se archivó a favor de 15 personas, entre las que se encuentra el contratista Emilio Tapia y la ministra de las Tics de ese entonces, Karen Abudinen, por no ser gestores fiscales directos ni indirectos, no manejaban ni administraba recursos públicos”, explicó Alexandra Cárdenas, directora de investigaciones especiales de la Contraloría.
No obstante, directora de investigaciones especiales de la Contraloría aclara que los juicios de responsabilidad fiscal nada tienen que ver con las investigaciones que se adelantan contra las mismas personas en materia penal y disciplinaria.
Según lo establecido por la Contraloría, el Fondo Único de las Tics era manejado y administrados sus recursos por la secretaria general del ministerio y mano derecha de la ministra Abudinem, la señora Adriana Vanessa Meza Consuegra, así como la señora Sandra Orjuela Méndez, en su calidad de subdirectora de gestión contractual y el señor Camilo Antonio Jiménez Santofimio, señalados como presuntos responsables fiscales por la pérdida de $67.970 millones.
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