Exembajador colombiano fue capturado por presuntamente haber cometido el delito de soborno

CAR11. CARACAS (VENEZUELA), 04/02/08.- El embajador de Colombia en Venezuela Fernando Marín Valencia habla a los medios de comunicación hoy, 4 de febrero de 2008, en Caracas, durante la manifestación, convocada también en las principales ciudades colombianas y en más de 130 urbes del mundo, para pedir el final de las FARC y la libertad de los secuestrados por la guerrilla en Colombia.EFE/IVAN GONZALEZ

Las autoridades colombianas informaron este domingo que en las próximas horas legalizarán la captura del exdiplomático Fernando Marín Valencia, a quien le imputarán el delito de soborno y que fue privado de la libertad en Bogotá.

“En las próximas horas, ante un juez de control de garantías, se realizarán las audiencias concentradas en la ciudad de Barranquilla, en donde la Fiscalía le imputará los cargos por su presunta responsabilidad en el delito de soborno”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Marín fue embajador de Colombia en Malasia, Tailandia y Vietnam, durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), y de Venezuela, Surinam y Guyana en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Este sábado Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron al exdiplomático debido a que sobre él pesaba una orden por presuntos “ofrecimientos de dinero que se realizaron a comienzos del mes de mayo de este año”.

Según la Fiscalía, el delito se cometió “con el fin de favorecerlo en actuaciones judiciales que se le adelantan por el delito de lavado de activos”.

El capturado está involucrado en el denominado “Carrusel de la contratación” de Bogotá, que tiene tras las rejas al exalcalde Samuel Moreno y por el que varias personas recibieron millonarias coimas por adjudicar obras viales a ciertos contratistas.

Según la investigación, al parecer el exembajador habría destinado dineros de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas para un predio a su nombre.

El escándalo del “Carrusel de la contratación” es un caso de corrupción política en Bogotá en 2010, cuando era alcalde Moreno Rojas, y que representó un detrimento patrimonial para el Estado cercano a los 2,2 billones de pesos colombianos (unos 655 millones de dólares).

EFE