«Son del esquema de Petro»: Presidente del Congreso confirma que uniformados en techo no son para «intimidar»

Minuto30.com .- La jornada de manifestaciones ciudadanas registradas este miércoles 14 de octubre en el centro de Bogotá abrió un nuevo frente de choque político entre la mesa directiva del Congreso y sectores de la oposición.

La controversia se originó tras la difusión de imágenes que evidenciaban la presencia de personal uniformado apostado sobre el techo del Capitolio Nacional, orientados hacia la Plaza de Bolívar, lo que desató inmediatas acusaciones sobre presuntas medidas de vigilancia e intimidación estatal.

Ante la ola de señalamientos, el presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, desmintió de manera categórica que dicho despliegue correspondiera a una orden operativa del actual Gobierno nacional para monitorear o reprimir a los manifestantes.

Por el contrario, el titular de la cámara alta precisó que los hombres apostados en la cubierta legislativa forman parte exclusiva del esquema oficial de seguridad y protección asignado al expresidente Gustavo Petro.

La denuncia de Jennifer Pedraza: sospechas de intimidación estatal

La polémica cobró notoriedad pública a partir de un enérgico pronunciamiento de la congresista Jennifer Pedraza, quien a través de sus plataformas digitales y en declaraciones a medios de comunicación cuestionó con severidad la ubicación de miembros de la Fuerza Pública en las alturas del recinto parlamentario mientras miles de personas colmaban la histórica plaza:

Rechazo a la presencia armada: La legisladora interpretó la presencia de los uniformados como una maniobra de provocación, asimilándola con las directrices de orden público y control de protestas impulsadas desde el Ejecutivo.

Denuncia de militarización: Pedraza sostuvo que apostar agentes en los techos del Congreso constituía un mensaje hostil contra el ejercicio legítimo de la protesta social, insinuando la existencia de un dispositivo de control o francotiradores listos para intervenir en caso de disturbios en el corazón de la capital.

Exigencia de explicaciones: Desde su curul, la congresista demandó a las autoridades legislativas y al Ministerio de Defensa aclarar de inmediato quién había autorizado el ingreso de efectivos armados al tejado de la sede del poder legislativo.

La respuesta de Honorio Henríquez: salvaguarda para el expresidente

Frente al revuelo generado por las afirmaciones de Pedraza, el presidente del Senado intervino para zanjar las especulaciones y evitar que la situación fuera utilizada como bandera de confrontación política contra las instituciones.

Henríquez aclaró que la presencia del personal en la azotea del Capitolio respondió estrictamente a protocolos de seguridad de Estado, los cuales son activados de oficio por los organismos de protección cuando personalidades con esquemas de alto nivel asisten a las instalaciones del Congreso:

Esquema de protección a expresidentes: El titular de la corporación explicó que el dispositivo avistado en la parte alta del edificio no tenía relación alguna con planes antimotines o de dispersión de multitudes, sino que correspondía al anillo perimétrico asignado para resguardar la vida y la integridad física del expresidente Gustavo Petro.

Desvinculación del Ejecutivo: Henríquez enfatizó que la Presidencia de la República no impartió órdenes para posicionar fuerzas de asalto o vigilancia sobre el Congreso, desvirtuando cualquier hipótesis que señalara al actual mandatario de militarizar el Palacio Legislativo para hostigar a la oposición.

Coordinación institucional rutinaria: Asimismo, se precisó que la seguridad del Capitolio coordina regularmente estos accesos técnicos con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional para garantizar la cobertura de puntos ciegos durante eventos donde confluyen líderes políticos con esquemas de riesgo extraordinario.

Tensión en el centro de Bogotá y el debate sobre la protesta

El cruce de declaraciones entre Henríquez y Pedraza se produjo en un contexto de alta sensibilidad política en el país, marcado por las recientes marchas callejeras y el debate nacional en torno a los decretos y medidas de choque implementados para regular las manifestaciones públicas y evitar el bloqueo de vías.

La Plaza de Bolívar fue el epicentro de la concentración del 14 de octubre, congregando a diversos sectores sociales, estudiantiles y sindicales que marcharon en defensa de distintas reivindicaciones. Mientras desde la oposición se mantiene un estricto monitoreo sobre las actuaciones de la Fuerza Pública para prevenir excesos o violaciones a los derechos humanos, las autoridades legislativas hicieron un llamado a la prudencia y a la verificación responsable de los hechos antes de generar alarmas infundadas.

Con la aclaración del presidente del Senado, quedó desactivada la versión de una supuesta operación encubierta de hostigamiento estatal en el Capitolio. No obstante, el episodio dejó en evidencia el grado de desconfianza imperante en el debate público colombiano, donde la sola silueta de un uniformado en una terraza basta para encender las alarmas sobre el frágil equilibrio entre la seguridad institucional y las garantías para la protesta ciudadana.