Resumen: Las cifras de este gobierno son pésimas. El déficit fiscal del año pasado fue de 6,4% del PIB. Los ingresos fueron de $302,7 billones y el gasto de $420,5 billones, lo que arroja un desbalance de $117,8 billones de peso
A los ciudadanos les importa poco o nada el descomunal problema macroeconómico que nos deja este gobierno. Al elector, en cambio, sí le interesa su realidad concreta, la de ellos y la de su entorno. Su metro cuadrado, dice un amigo.
Las cifras de este gobierno son pésimas. El déficit fiscal del año pasado fue de 6,4% del PIB. Los ingresos fueron de $302,7 billones y el gasto de $420,5 billones, lo que arroja un desbalance de $117,8 billones de pesos. Hay que resaltar que los ingresos tributarios fueron de $271,9 billones, $26,9 billones más que en el 2024, pero $46,1 billones menos de lo presupuestado y $9,5 billones por debajo de lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Es decir, por un lado, los recaudos fueron inferiores a lo esperado y, por el otro, se está presupuestando mal.
El desbalance se cubre con deuda que en este gobierno, año a año, va empeorando. La deuda bruta alcanzó 64,7% en 2025, muy por encima del 2020 de pandemia, 60,7%, y del 60% del 21, pospandemia. Entonces el aumento de la deuda se justificaba. Hoy no tiene explicación distinta a que este gobierno gasta mucho más de lo que ingresa (además gasta mal, pero eso es otro asunto). Por eso, en 2025, el déficit primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, subió de 2,4% a 3,5% del PIB, el más alto en dos décadas excluyendo pandemia. Desde otra perspectiva, el gasto total del Gobierno llegó a 22,1% del PIB mientras que los ingresos fueron el 16,3%.
Para rematar, los inversionistas que compran deuda pública colombiana, los famosos TES, son cada día más escasos y para cubrir el riesgo exigen retornos más altos. Los ofrecidas por el gobierno han llegado al 14%, alcanzando máximos históricos. Sin embargo, en algunas subastas el indicador bid-to-cover, usado para medir el interés del mercado, fue apenas de 1, lo que indica el cada día más bajo apetito del mercado por la deuda colombiana. En diciembre pasado, el gobierno salió a buscar comprador directo cuando, en una operación atípica y muy cuestionada, el MinHacienda vendió TES por USD $6.000 millones a un inversor extranjero cuyo nombre no fue revelado.
Como si el panorama no fuera malo, la inversión extranjera directa en 2025 cayó un 16,2% frente a 2024 y cerró en USD $11.469 millones. Vamos en tres años consecutivos de descenso y la inversión ya es menor a la de la pospandemia. La tasa de inversión total, que suma pública y privada, disminuyó del 21% en 2019 a 16% en 2025.
Las proyecciones para este año no son para nada halagüeñas. Los analistas estiman que el déficit fiscal subirá al 6,8% del PIB y el déficit primario al 3,7%. Es decir, el gobierno tendrá que seguir endeudándose en condiciones financieras cada vez más negativas, escenario que se agravará con la rebaja que hizo &P Global Ratings de la calificación soberana de Colombia a BB-, la más baja para el país desde que la calificadora empezó sus evaluaciones en 1993. La rebaja en la calificación espantará aún más la inversión extranjera.
En fin, en 2026 vencen 63 billones de pesos en deuda interna que hay que refinanciar (haga el lector el cálculo de cuántas tributarias equivalen). No tengo el cronograma de vencimiento de la deuda externa. En cualquier caso, el Gobierno deberá emitir nueva deuda para pagar la deuda que vence, a tasas mucho más altas, con mucho menos apetito del mercado y las señales de alerta disparadas en las calificadoras internacionales y en los potenciales compradores.
La herencia que recibirá el nuevo gobierno es nefasta. Para volver a cumplir la regla fiscal en 2028, necesitaríamos un ajuste equivalente a 3 puntos del PIB, los más optimistas, y 4,5, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
No queda duda entonces de que, como ha sostenido Paloma Valencia, urgen austeridad al máximo, reducir el tamaño del Estado y el gasto público, y generar condiciones fiscales y de seguridad jurídica que vuelvan a atraer la inversión nacional y extranjera. Y hay que luchar a fondo contra la corrupción, ese cáncer que hizo metástasis durante este gobierno de bandidos.
Sin embargo, nada de esto importa para las elecciones. La inmensa mayoría ni lo entiende. La campaña debe centrarse en mostrar a los ciudadanos una candidata que de esperanza a las madres cabeza de familia (el 50% de los hogares), a los adultos mayores que no tienen pensión (4 de cada 5), a los jóvenes en edad de estudiar o trabajar que no hacen ni lo uno ni lo otro (28%), a los informales (57%) y desempleados (9,2%), a los micro y pequeños empresarios (96%), a los campesinos (42,1%), a los tenderos (575 mil). Una candidata preocupada y con soluciones para la clase media y los más pobres, capaz de sumar en las diferencias para unir a Colombia.
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