Una querella judicial contra el ex presidente colombiano Alvaro Uribe fue presentada este martes en España por dos personas por «espionaje» a varias ONGs que trabajan en este país por los derechos humanos en Colombia.

La querella fue presentada ante un juzgado de instrucción de Madrid por dos colombianos defensores de los derechos humanos que tuvieron que salir de Colombia y recibieron protección en España, cuyos nombres no se dieron a conocer por motivos de seguridad, según el texto, difundido a los medios.

Los demandados, además de Uribe, son Jorge Aurelio Noguera Cotes, director del Departamento de Administración de Seguridad de Colombia (DAS, el servicio de inteligencia colombiano) entre 2002 y 2006, y Germán Villalba Chávez, subdirector de fuentes humanas del DAS.

La querella se basa en un informe de la fiscalía general colombiana de 2009 que «describe las acciones practicadas por los agentes del DAS «contra defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas y políticos considerados como opositores al gobierno colombiano» en 2004 y 2005, según el texto.

«Su ámbito de actuación no se limitó a territorio colombiano sino que abarcó varios países europeos, donde había al menos un agente del DAS desplazado», y «sus objetivos fueron organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas nacionales de Colombia, y extranjeros dentro y fuera del territorio colombiano», afirman.

Esos agentes «en Colombia y en España grabaron conversaciones telefónicas» de los querellantes, «interceptaron sus correos, vigilaron sus actividades de solidaridad con Colombia, diseñaron planes para intentar neutralizarlas, y, en algunos casos, trataron de vincularlos con las acciones de los grupos armados ilegales».

En España la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), formada por organizaciones europeas y españolas, la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia, precisaron.

A ellas se unen defensores de derechos humanos colombianos refugiados en España y profesionales y activistas españoles de organizaciones de solidaridad o asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

MADRID, 26 octubre 2010 (AFP)

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Redacción Minuto30

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