Energía podría subir un 30% en los próximos meses

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) ha emitido una advertencia sobre el posible aumento significativo de las tarifas de energía en el país

Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía, alertó sobre el impacto para la demanda, ya que la gran mayoría de los colombianos podrían estar pagando alrededor de 2.4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024 en caso de materializarse el Proyecto de Resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 701 028 de 2023, publicado para comentarios por esta Comisión a finales de diciembre.

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Por esta razón la tarifas de la energía podrían subir un 30% en Colombia

“Se pone en evidencia que (…) se establece un tope de $532/kWh al precio de venta de energía en bolsa, impactando negativamente al consumidor final al querer compensar esta acción con incrementos en el componente de las restricciones de la tarifa final de energía – entre COP$60 y COP$120 por kWh -, cálculos realizados por la misma CREG”, precisó.

La dirigente, además, cuestionó la propuesta regulatoria de intervención del mercado de energía mayorista presentada por la CREG, que es parcial y de aplicación corta en el tiempo, se está incluyendo también una reforma costosa para los usuarios en el mercado minorista.

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“Si bien la propuesta regulatoria puede lograr alivios tarifarios para una pequeña fracción de los usuarios, por otro lado castiga a la gran mayoría de usuarios que diligentemente gestionaron sus riesgos y redujeron o anularon su exposición a los precios de la bolsa de energía eléctrica, pero que ahora con la propuesta de la CREG su precio de energía se verá ampliamente superado por los sobrecostos asociados a los altos incrementos en el cargo de Restricciones que implicaría este Proyecto de Resolución”, afirmó.

La directora de la Asociación destacó que, de concretarse la propuesta de la CREG, se perjudicaría al 80% de los usuarios contratados con cobertura de precios, lo cual va en contra de los objetivos de competencia promovidos por la Ley de Servicios Públicos.

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