El enemigo de la empresa privada y la política social

Como lo hemos descrito en reiteradas ocasiones, la política social está compuesta por dos componentes. En primer lugar, encontramos el componente teórico que sugiere una intervención por parte del Estado. En segundo lugar, encontramos el componente práctico que se ocupa de estudiar los efectos materiales e inmateriales del desarrollo inequitativo de las sociedades industrializadas y urbanizadas. De esta manera, la política social dentro de la gestión pública presenta una misión fundamental, consistente en atender los tres fines de la acción social contemporánea, que son: la justicia material, el bienestar social- formal y el orden social- normativo.

Estos fines legítimos se concretan en principios constitucionales destinados a proteger derechos sociales consagrados en la Carta Política de 1991. Estos derechos sociales gozan de basta protección legal, empero, carecen de eficacia. Dicha carencia los determina a padecer una regulación utópica que reclama un constante desarrollo por parte de las autoridades administrativas.

Es en este evento donde diagnosticamos el problema de la política social colombiana: los gobiernos de turno han creído, inequívocamente, que el desarrollo y la garantía de los derechos sociales se satisface mediante la consagración de disposiciones normativas, descuidando el aspecto más importante para ello: la actuación razonable y ponderada destinada a generar las condiciones que facilitan el desarrollo de la empresa privada, la inversión extranjera y la apertura de pequeñas, medianas y grandes actividades comerciales.

De nada vale contar con normativa legal, principios constitucionales o jurisprudencia para enmarcar tendiente a regular la expansión de la política social, si los mandatarios no despliegan con eficiencia, eficacia y efectividad las acciones oportunas y pertinentes a fin de alcanzar dicho cometido. En materia de política social resulta ineficaz la normatividad que la regula, principalmente cuando las decisiones de quienes ostentan el poder no están en sintonía con las realidades del territorio.

¿Y entonces? Está claro: expandir la política social implica, inexorablemente, vincular la misma con el desarrollo de la empresa privada, la inversión extranjera y el incentivo de emprendimientos en todos los niveles, tanto más, cuando son potenciales generadores de bienestar social. El crecimiento económico va ligado a la generación de empleo formal; y quienes históricamente lo han generado son los empresarios, no los políticos.

La fórmula es sencilla: Empresas vigorosas más generación de empleo formal es igual a crecimiento económico exponencial, tendiente a satisfacer los derechos sociales esenciales para los ciudadanos. Aquel que cuenta con empleo de calidad podrá acceder  a derechos sociales como salud, educación, vivienda etc. Esto es lo que se denomina expansión de la política social.

La generación efectiva de crecimiento económico se presenta cuando resulta factible consolidar un escenario propicio para el desarrollo de la empresa privada y la inversión extranjera. Aquella tendría que ser la tarea de cualquier gobierno contemporáneo puesto que el tema no es de normas, decretos, principios o jurisprudencia, sino de promoción de acciones para consolidar a corto y mediano plazo apertura a nuevos modelos de negocio.

Señores candidatos: la inversión social juega un papel trascendental en la expansión de la política social, pero se queda corta. Recuerden que el tema no radica exclusivamente en que un Gobierno invierta en garantía de derechos sociales, sino en que luego de generar las condiciones propicias para crecer, los particulares puedan aportar al desarrollo y al bienestar del Estado mediante sus iniciativas privadas. De no ser así no habrá política social sino política del hambre, pues no hay política social susceptible de desarrollo sin soporte previo de la empresa privada.

¿Qué acciones promoverán para contribuir estabilidad a los particulares que quieran emprender alguna actividad económica generadora de empleo formal?

Adenda: El reto para los aspirantes a presidencia es que nos presenten acciones de mejoría en expansión de política social a través de  la empresa privada. Y ello sin incurrir en una mayor inflación normativa, puesto que, con la existente es más que suficiente.

Ojo con los candidatos que se perfilan como enemigos de la empresa privada. Su carácter revanchista los llevará a asfixiar a los empresarios con una encumbrada carga tributaria. El enemigo de la empresa privada también lo es, en mayor medida, de la política social.