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La encrucijada de Hidroituango

Por: Amylkar D. Acosta M

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La ejecución del megaproyecto de HIDROITUANGO y su entrada en operación están en medio de una gran encrucijada y sigue sin disiparse la gran incertidumbre sobre la suerte del mismo que generó la grave contingencia que se presentó en abril de 2018. Dicha contingencia llevó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a expedir la Resolución 820 del 1º de junio del mismo año mediante la cual suspendió la Licencia ambiental que le había otorgado. En el mismo acto administrativo le requirió a EPM de Medellín presentarle un dictamen pericial como requisito sine qua nom para reconsiderar la medida.

En efecto, dando cumplimiento a la misma se contrató a la consultora chilena Pöyry y EPM radicó su dictamen ante la ANLA, convirtiéndose para ella en una papa caliente en sus manos. Habiendo dispuesto la “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto”, sólo le es permitido al consorcio constructor adelantar las actividades y trabajos tendientes a “prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia presentada”, tales como poner a funcionar el vertedero o la recuperación de la casa de máquinas. De modo que mientras esté vigente la susodicha Resolución, es prácticamente imposible que entren en operación las primeras dos unidades, como lo ha anunciado EPM, en julio y noviembre de este año, respectivamente.

Lo más preocupante del dictamen pericial de Pöyry es que pese a que sostiene que el proyecto “es técnicamente recuperable”, revela entre sus hallazgos 5 puntos críticos, todos ellos de extrema gravedad, los cuales “pueden resultar, directa o indirectamente, en la rotura de la presa, con las respectivas consecuencias catastróficas”. Y plantea que “la mitigación más eficaz para solucionar este riesgo catastrófico consiste en acelerar en lo posible la puesta en marcha de las ocho unidades de generación” y no sólo las dos que se anuncian desatentadamente.

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Y entre sus conclusiones plantea que, en este escenario, para lograr tal cometido es impensable el cambio de ejecutor del proyecto, ya que ello podría acarrear un retraso adicional no menor a un año, con lo cual se estaría acrecentando el riesgo que está latente. Pese a ello, EPM insiste en el cambio de ejecutor a partir de noviembre, cuando concluya la última prórroga al consorcio constructor y para ello se ha anunciado la apertura de una licitación. Ello iría a contrapelo de lo que recomienda Pöyry, de no cambiarlo a riesgo de un retraso mayor para su entrada en operación, tanto más en cuanto que la decisión de la Contraloría General de cerrar el proceso de responsabilidad fiscal abierto contra las empresas que integran el consorcio, varios ex gobernadores de Antioquia, ex alcaldes de Medellín, ex gerentes de EPM y las compañías aseguradoras, luego que estas resarcieran el daño patrimonial establecido por el ente fiscalizador tasado en $4.3 billones, dejó sin piso la razón aducida en su momento por el Alcalde para no prorrogarle el contrato.

Entre tanto la autoridad ambiental dejó establecido en su Resolución que “con base en sus propios análisis, la ANLA definirá si lo consignado en el documento de Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual levantamiento de la medida preventiva impuesta a HIDROITUANGO” y será entonces cuando emitirá “un pronunciamiento de fondo en relación a la medida preventiva impuesta” y mientras tanto el tiempo discurre sin que se vea luz al final del túnel.

Huelga decir, que de no cumplirse con el nuevo cronograma planteado por EPM para que las primeras unidades empiecen a generar energía entraría otra vez en incumplimiento de la obligación de entrega de energía en firme (OEF) al mercado, lo cual conllevaría nuevas sanciones tanto por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.

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Como se recordará la CREG, mediante la Resolución 154 de 2019, aduciendo “incumplimiento grave e insalvable”, sancionó a EPM con la pérdida de las OEF para el cargo por confiabilidad asignada en subasta convocada por ella mediante la Resolución 031 de 2017 por 1.085 GWH/año por la no entrada en operación de HIDROITUANGO el 1º de diciembre de 2018, como estaba previsto. Ello implicó la pérdida del ingreso asociado a la obligación contraída y la ejecución de una garantía bancaria por valor de US $43.1 millones, la cual hizo efectiva la Operadora y administradora del Sistema Interconectado Nacional (SIN) XM en diciembre de 2019. Por su parte la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso a EPM una sanción en modalidad de multa el 18 de noviembre de 2021 por valor de $1.817.052.000 por el mismo motivo.

El tiempo apremia, además de la contingencia ahora toca lidiar con la incertidumbre que generan estos bandazos y cualquier dilación puede dar al traste con el proyecto, que podría colapsar, comprometiendo seriamente no sólo la seguridad energética del país, sino que se podría exponer a un desastre de consecuencias impredecibles. No hay tiempo que perder, de lo que se trata es de recuperar el tiempo perdido y apretar el paso para acelerar la entrada en operación del proyecto y de paso conjurar el riesgo que puso de manifiesto Pöyry en su diagnóstico.

 

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