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    martes 18 - febrero 2020

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    Enaltecer el debate de ideas


    Al margen de las reglas que imponen las redes sociales, existe el deber del Estado de proteger a los ciudadanos.

    Esta semana se agitó el debate por cuenta de un proyecto de ley de mi autoría que busca ponerle límites a las cuentas falsas en las redes sociales, desde las cuales se profieren injurias, calumnias y amenazas.

    En el mundo contemporáneo, las redes desempeñan un papel de primera línea en la comunicación social. Gracias a la irrupción de plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat, los ciudadanos pueden opinar con total libertad sobre los asuntos que les preocupa. Y el debate político, en buena medida, se ha trasladado a esos escenarios virtuales.

    Ante el evidente nivel de polarización que se ha generado por cuenta del gobierno que atentó mortalmente contra la democracia colombiana cuando de manera ilegal e irreflexiva desconoció el resultado del plebiscito, pisoteando así la voluntad de las mayorías que concurrimos a las urnas para votar NO frente al acuerdo con la banda terrorista Farc, las redes sociales se han convertido en el escenario por excelencia para tramitar las diferencias.

    Aquello resulta beneficioso para la democracia. Hoy, cualquier ciudadano puede expresar sus ideas, controvertir las que no son de su agrado y hacer planteamientos en uno u otro sentido. Las redes sociales son un mecanismo maravilloso para propiciar la libertad de expresión de los ciudadanos, pero lastimosamente éstas se han convertido también en el vehículo para ultrajar, acosar, amenazar, calumniar e injuriar. No son pocos los que, valiéndose del anonimato, desatan verdaderas campañas de desprestigio fundamentándose en mentiras e insultos.

    Mi objetivo con este proyecto de ley, además de buscar la forma de sancionar a quienes desde cuentas anónimas incurren en los delitos de calumnia e injuria, es el de estimular una reflexión que el país está en mora de hacer: la necesidad de llevar a cabo un debate donde imperen los argumentos y escaseen los insultos.

    La vida en democracia genera polarizaciones y aquello no puede revertirse. El fragor del combate político despierta pasiones de unos y otros, pero el desbordamiento de éstas se viene traduciendo en ataques arteros, incriminaciones e insultos de grueso calibre, hechos que por supuesto desnaturalizan a la política y enaltecen a la barbarie.

    Soy consciente de que las plataformas tecnológicas que dan vida a las redes sociales tienen como norma rectora la defensa de la libertad de expresión, razón por la que dentro de sus códigos empresariales permiten la creación de cuentas anónimas. Las personas son libres de participar en éstas con su identidad o simplemente utilizando un nombre falso. Estas mismas plataformas, también establecen reglas de comportamiento y se reservan el derecho de cancelar aquellas cuentas que, sin importar si el usuario utiliza o no su verdadero nombre, violentan el código de uso e interacción.

    Al margen de las reglas que imponen las redes sociales, existe el deber del Estado de proteger a los ciudadanos. Colombia no puede seguir permitiendo que los usuarios anónimos generen tendencias y desaten furiosas oleadas de insultos y acosos que atentan contra el buen nombre de quien resulta siendo víctima de éstas. Cuando una persona, con su identidad viola el código penal a través de una red social, es llevado ante la justicia donde se le imponen las sanciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Pero quien lo hace amparado en el anonimato, goza de una inaceptable impunidad y ese desequilibrio es el que pretendo acabar con el proyecto de ley que he presentado.

    No será una tarea fácil y se requerirá del apoyo de las empresas propietarias de las redes sociales que cada día redoblan esfuerzos para contener el influjo de cuentas falsas, creadas para propósitos que no se compadecen con su naturaleza. En Facebook, por ejemplo, hay al rededor de 170 millones de cuentas falsas y en Twitter, 48 millones.

    Pero en el fondo de este asunto está el llamado que desde muchos sectores de nuestra sociedad se ha venido haciendo: el enaltecimiento del debate público, acudiendo a argumentos e ideas. Con insultos y descalificaciones agresivas, no se hace democracia.



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