La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP definir e investigar los homicidios de civiles señalados de colaborar con el ejército o con grupos paramilitares en el Urabá antioqueño.
Los crímenes eran cometidos por parte del frente 5 de las extintas Farc, que operaron en el Urabá antioqueño y chocoano, como un nuevo patrón criminal.
En el documento de observaciones a las versiones entregadas por cinco exintegrantes de los mencionados frentes, el Procurador Primero Delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, asegura que esta modalidad de asesinatos constituye un patrón macro criminal.
A juicio del funcionario, ese ejercicio delincuencial fue una estrategia en ejercicio del control social y territorial de esa subregión de Antioquia y algunos municipios del Chocó.
“Se debe contemplar la modalidad de homicidio como consecuencia de la estigmatización sobre civiles y el control social, en tanto los relatos de los comparecientes permiten deducir que algunos de estos responden a la escogencia de miembros de la población civil como blancos militares por considerar que su comportamiento de apoyar al enemigo era contrario a la ideología y propósito del grupo armado al margen de la ley”, indica el informe.
En una de las versiones analizadas en el documento, el excombatiente relata como el señalamiento de un miliciano contra tres muchachos indígenas como colaboradores del ejército, bastó para que el comandante guerrillero ordenara una emboscada para asesinarlos.
“En este caso en particular, las víctimas eran estigmatizadas como simpatizantes y colaboradores del enemigo, bien estuvieran “comprobados” o fueran simples “sospechosos”, todo con el fin de evacuar el territorio de personas contrarias a su ideología y propósitos”, asegura el delegado en su análisis.
