En riesgo 83% de usuarios de telefonía celular por vencimiento de concesión de red

El Gobierno tiene un gran dilema: debe definir cómo garantiza el servicio de telefonía celular a más de 39 millones de usuarios y, a la vez, buscar que no haya pérdida económica para la nación, que es la propietaria de frecuencias y equipos.

Así lo asegura el profesor Jairo Espinosa Oviedo, del Departamento de Energía Eléctrica y Automática de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, al señalar que el tiempo será un factor fundamental para lo que pasará con los operadores y los más de 39 millones de usuarios de las compañías Claro y Movistar tras la posible devolución que tendrían que hacer de la infraestructura y las redes al Estado colombiano.

Al respecto, el docente explicó que hace 20 años (en 1994) las cerca de cinco empresas que operaban la incipiente telefonía celular en el país recibieron una concesión por 20 años (primero fue por 10 años y en 1997 se negociaron 10 más), sobre el espectro de 850 Megahertz, que es la banda más antigua de la telefonía celular en Colombia.

Sin embargo, estos operadores se fusionaron y fueron comprados por distintas compañías que, al día de hoy, tienen en propiedad del contrato: Claro y Movistar (Telefónica).

En el contrato se establecía que al término del tiempo, ellos debían retornar no solo la frecuencia sino también la infraestructura, lo cual para efectos prácticos no es nada sencillo, según Espinosa.

“Ellos trataron de insistir en un par de conceptos posteriores, en los cuales para otros contratos se permitía que se retornara la frecuencia y no la infraestructura, hasta que vino un concepto de la Corte Constitucional que indica que deben devolver ambas”.

De no hacerse así, si el Gobierno quisiera abrir una concesión los nuevos jugadores estarían en desventaja ante los operadores que, con la infraestructura, estarían en una posición dominante.

El problema, según el docente, es que se ha llegado a un plazo muy corto para maniobrar, pues la concesión vence este año.

Alternativas

Si el Gobierno tomara cartas en el asunto podría “desconectar esa frecuencia”, que es la más antigua y una de las que tiene mayor cobertura, lo cual generaría un riesgo inminente y más dificultades.

O podría tomar otras acciones como sacar a licitación esa frecuencia nuevamente (aunque en el momento el plazo es muy corto) o “revenderla” a sus mismos operadores, lo que en términos de contratación pública, podría verse como una adjudicación a dedo, señala el docente.

En cuanto al camino que debe seguir el Gobierno, el profesor Espinosa asegura que si hubiera tiempo, en condiciones normales, se debería sacar a licitación esas frecuencias, e incluso también la infraestructura y venderlas al mejor postor como lo hizo con las bandas de 4G recientemente.

No obstante, el inconveniente que existe es el limbo en el que quedarían una gran cantidad de usuarios pertenecientes a estos operadores, los cuales a su vez poseen una amplia cobertura. Esto no aplica para todos los clientes, ya que ambos operadores tienen otras bandas.

El ingeniero electrónico y doctor en Ciencias Aplicadas dijo que es difícil saber lo que viene con este asunto, debido principalmente a la coyuntura electoral y a la Ley de Garantías, con la cual difícilmente se puede hacer una adjudicación directa a un proveedor.

Finalmente, insistió en que el Gobierno debió haber sacado estos contratos a licitación. “Existía la dificultad de que estaba en discusión en las Cortes y por eso tampoco se le podía exigir esa rapidez. Creo que aquí se ve reflejada la inexperiencia que tiene el país sobre los bienes de este tipo que son devueltos al Estado”, puntualizó. Agencia de Noticias UN