En medio de polémica vence el plazo en Cuba para liquidar las ventas de ropa importada

El plazo otorgado por el Gobierno cubano para que los comerciantes privados liquiden sus negocios de ropa importada cerrará este 31 de diciembre, en medio de la polémica e incertidumbre que el veto de esos negocios levantó entre los vendedores desde su anuncio en septiembre pasado.

En La Habana, muchos comerciantes tratan de liquidar entre hoy y mañana los productos que aún les quedan por vender, pero varios consultados afirmaron que «no saben» qué será de ellos cuando comience 2014 y admitieron no tener un «plan b» para continuar su vida laboral.

«La pregunta mía es: ¿qué vamos a hacer los desempleados ahora? Desempleo es una palabra que al Gobierno no le gusta, pero hay decenas de miles de personas que se quedarán sin trabajo», dijo un trabajador por cuenta propia que se identificó como Floirán, en el barrio de Centro Habana.

«No tenemos nada en mente. Al menos yo estoy bloqueada», aseveró María Elena, una exsecretaria que trabajaba para el Estado y que en 2010 apostó al empleo autónomo.

Tras la apertura dada por el Gobierno de Raúl Castro al trabajo privado, en los últimos años proliferaron multitud de pequeños comercios y tenderetes de venta de ropa, calzado o complementos y hasta algunas «boutiques».

La mercancía comenzó a llegar a la isla principalmente en equipajes de particulares -muchos de ellos cubanos procedentes de países como México, Panamá y Ecuador-, si bien su venta se estableció al amparo de una licencia de «modisto» o «sastre» sin margen para la importación.

En rigor el permiso nunca contempló la comercialización de ropa u otros productos comprados en el exterior, pero la actividad fue tolerada durante casi tres años hasta que en septiembre el Gobierno decretó que ese tipo de comercio constituía una infracción.

Este lunes varios comerciantes admitieron que enfrentan el nuevo año con total incertidumbre.

Unos dicen que guardarán su mercancía, porque esperan que el Gobierno «rectifique» y cree una nueva licencia para vender productos importados, aunque los impuestos sean mayores.

Otros opinan que tendrán que recurrir al «mercado negro» y crecerán las ilegalidades y la corrupción.

Aunque todos los consultados manifestaron descontento, ninguno se mostró a favor de desafiar la medida.

«Si seguimos vendiendo dicen que van a decomisar la ropa», aseveró Yuniel, un trabajador autónomo cuyo tenderete todavía hoy estaba abarrotado de productos.

«Hay mucho dinero invertido aquí en mercancía y no se puede sacar en el plazo que dieron», añadió este comerciante de 30 años, quien estima que perderá entre 15.000 y 20.000 dólares en confecciones y zapatos no vendidos.

Este mes, en su discurso ante la Asamblea Nacional, el presidente Raúl Castro aludió a esos negocios ilegales y admitió que hubo un «inadecuado control», creándose «un ambiente de impunidad que estimuló el crecimiento acelerado de actividades que nunca habían sido autorizadas».

«Los problemas deben preverse antes de su aparición y si surgen, hay que actuar de inmediato, sin vacilación, preferentemente cuando son pequeños y aislados, que siempre será preferible a pagar el costo político que entraña la inercia y la pasividad en hacer cumplir la legalidad», añadió Castro.

La ampliación del trabajo por cuenta propia en Cuba es una de las principales reformas acometidas por el Gobierno para «actualizar» el modelo económico socialista de la isla.

Según cifras oficiales, en la actualidad 444.109 cubanos ejercen el trabajo privado, en un país, donde la fuerza laboral asciende a 4,8 millones de trabajadores y la tasa de desempleados es del 3,5 por ciento.

La Habana, 30 dic (EFE).-