En 50 días fueron desplazadas más de dos mil personas en el Norte y Bajo Cauca: Defensoría

Municipio de Cáceres. Archivo/Cortesía

Minuto30.com-. La Defensoría del Pueblo denunció la “grave situación” en la que se encuentran los habitantes del Ituango, en el Norte de Antioquia; Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, y San José de Uré, sur de Bolívar, debido a los constantes combates entre grupos armados ilegales, que han causado desplazamientos masivos y el incremento de homicidios.

Las Regionales de Antioquia y Córdoba y las Delegadas para los Derechos de la Población Desplazada y el Sistema de Alertas Tempranas hacen un seguimiento a “la situación de riesgo de desplazamiento y afectaciones a los procesos de exigibilidad de derechos en esa región, en donde se han presentado varios hechos de violencia”, explicó la Defensoría, a través de un comunicado.

La causa, según el seguimiento, ha sido los combates entre Grupos Armados Ilegales posdesmovilización de las Auc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas conocidos también como ‘los Caparrapos’) en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Ituango y San José de Uré.

Simultáneamente, explicó la Defensoría, “se observa el fortalecimiento del Eln en Cáceres y Tarazá, así como la presencia de una disidencia del Frente 36 de las Farc-EP en Ituango, que se ha enfrentado con las AGC”.

En medio de esta situación han ocurrido diez desplazamientos masivos, se han incrementado los índices de homicidios, se ha restringido la movilidad de la población, se encuentran en situación de confinamiento varias comunidades campesinas e indígenas y se han presentado intimidaciones generalizadas con la aparición de panfletos amenazantes, indicó la entidad.

Lo que halló la Defensoría:

• En total se han identificado 732 familias (2.192 personas) desplazadas desde el 18 de enero al 9 de marzo de 2018.
• Se han incrementado los homicidios en el municipio de Tarazá. De acuerdo a información de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2018 se han registrado 23 asesinatos, cuando en el 2017 en el mismo periodo se reportaron seis casos. En San José de Uré se han reportado seis asesinatos hasta el día 15 de marzo de 2018, cuatro de las víctimas eran representantes de comunidades o líderes comunitarios.
• Se han presentado asesinatos e intimidaciones a líderes indígenas en Caucasia y Cáceres.
• Alto riesgo para comunidades del Pueblo Zenú y del Pueblo Embera Katío en San José de Uré, Caucasia, Tarazá e Ituango.
• Se han registrado asesinatos de campesinos relacionados con los procesos de sustitución de cultivos en Tarazá.
• Se reportó el asesinato de dos presidentes de Juntas de Acción Comunal en San José de Uré.
• Confinamiento de comunidades indígenas y campesinas en Ituango, Cáceres, Tarazá y Caucasia.

En las verificaciones realizadas por la Defensoría se ha hecho evidente que ante la magnitud de la emergencia humanitaria se han presentado dificultades como la falta de recursos y la coordinación entre las alcaldías, las gobernaciones y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para la atención de los desplazamientos, la prevención de violaciones a los Derechos Humanos y las garantías para el retorno.

Finalmente, la Defensoría le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que refuerce la intervención en estas zonas afectadas, para así garantizar los derechos humanos de las comunidades.