El sistema de salud con hambre y desprecio

Resulta insoportable presenciar cómo la dignidad humana se desmorona frente a las cámaras de un país indolente. Ver a Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, rompiendo en llanto por la impotencia de no tener cómo pagarles a sus empleados, no es un acto de debilidad profesional; es el grito desesperado de un sistema que ha tocado fondo. Es la prueba fehaciente de que en Colombia la salud dejó de ser un derecho para convertirse en una moneda de cambio en un juego político macabro donde los platos rotos los paganos quienes salvan vidas.

La crueldad de las cifras es pasmosa: 460 funcionarios —médicos, enfermeras y personal asistencial— llevan desde octubre de 2025 sin recibir un solo peso de su salario. Estamos hablando de hombres y mujeres que, mientras atendían emergencias, pasaron una Navidad de hambre y miseria. Es desgarrador imaginar a un profesional de la salud llorando en un pasillo, no por un paciente perdido, sino porque no tiene con qué pagar el arriendo o comprar un juguete para sus hijos. Esto no es solo una crisis financiera; es una violación sistemática al derecho al trabajo digno y una bofetada a la ética más básica de nuestra sociedad.

La responsabilidad tiene nombres y apellidos, y una actitud negligente que asusta. La Nueva EPS adeuda cerca de $8.750 millones y ha cortado los pagos regulares desde agosto del año pasado. Mientras tanto, desde la cúpula del poder central, el presidente anunció la crisis como una profecía autocumplida, ejecutando un “chu chu-chu” presupuestal que ha dejado las arcas vacías. Lo que no previó —o no quiso ver— es que ese ruido burocrático se traduce hoy en el silencio de los hospitales que ya no pueden operar y en el rugido de las tripas de los trabajadores que no tienen qué comer.

Lo que es verdaderamente infame es la respuesta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ante el dolor de un gerente y el hambre de cientos de familias, su respuesta fue un cínico “los ricos también lloran”.

Esa frase no solo demuestra una ignorancia tendida sobre la realidad de un hospital público que atiende a los más vulnerables, sino que revela una miseria humana sin precedentes. Lavarse las manos y culpar a la Gobernación de Antioquia es el acto de cobardía más bajo que un funcionario público puede cometer mientras el sistema colapsa bajo su vigilancia.

El drama del San Rafael no es una isla; es el espejo de todos los hospitales públicos de Antioquia y del país. En los chats de los gerentes de salud, el clamor es unánime: nadie los escucha. Ni el ministro actual ni la anterior se han dignado a caminar los pasillos donde el personal se desmaya de agotamiento y frustración.

Existe un abandono estatal selectivo que parece castigar a las regiones, mientras los interventores de las EPS se limitan a girar “pañitos de agua tibia” —como los 1.500 millones prometidos tras el llanto de Arroyave— que no alcanzan ni para cubrir una fracción de la deuda real.

¿En qué momento nos acostumbramos a que el personal de salud tenga que mendigar por su salario? El desgaste físico y emocional al que están siendo sometidos es criminal. Estamos empujando a nuestros mejores talentos a la renuncia y al exilio, dejando los hospitales vacíos y los pacientes a la deriva de la muerte. Si un gerente tiene que salir a llorar en público para que alguien en Bogotá levante el teléfono, es porque el Estado ha fallado en su propósito más elemental: proteger la vida de sus ciudadanos.

Hoy el San Rafael de Itagüí es el símbolo del colapso, pero mañana será el hospital de tu barrio o el médico que debe atender a tu madre. Si no nos indignamos ahora ante el llanto de quienes nos cuidan, mañana solo nos quedará llorar sobre las cenizas de un sistema de salud que dejaron morir por pura mezquindad política.