El privilegio de la educación superior

En los últimos años en los países latinoamericanos (Guatemala y Chile, por ejemplo) los aspirantes a entrar en las universidades autónomas (que es un eufemismo para no llamarlas “públicas”) exigen su “derecho” a la educación gratuita. Algunos de estos aspirantes han llegado a insistir en que los exámenes de admisión y la selección de los estudiantes es violación de sus derechos.

Por ejemplo, hasta cansancio se ha hablado de los desórdenes en las universidades públicas de Colombia (podemos recordar, por ejemplo, cuando unos delincuentes encapuchados colgaron las banderas de las organizaciones terroristas FARC y ELN en la Universidad de Antioquia) y de que la educación superior no es ningún derecho, sino un privilegio. Con todas las barbaridades que cometen los que “estudian” allí (huelgas, cierre de calles, destrozos, etc.), estas universidades de tradiciones centenarias se han convertido en un verdadero desastre.

El concepto en sí de una autonomía universitaria ya es una contradicción en la forma cómo la aplican. Veamos el ejemplo de la única universidad estatal de Guatemala, la Universidad de San Carlos. El presupuesto de esta Universidad en el 2014 (el 5% constitucional) fue de alrededor de 3 mil millones de quetzales (unos 400 millones de dólares estadounidenses). En la tricentenaria USAC están inscritos 122 mil estudiantes. La cantidad por alumno que gastan TODOS los guatemaltecos por año es de casi US$3mil. Y esto sin calcular los ingresos extra (cobro a los estudiantes, donaciones, etc.). Impresionante.

Claro, habrá quienes me refutarán diciendo que este dinero se malgasta y en realidad el alumnado no siente esta cantidad, y tendrán mucha razón, pero el problema radica en la ilógica autonomía universitaria, según la cual nadie puede intervenir para cuestionar los gastos de este tipo de universidades. De ahí la corrupción.

Ahora bien, respecto a los aspirantes que exigen “su derecho” de ser admitidos. Algunos de sus defensores argumentan usando la falacia de que “el estado debe proveer la educación gratuita” y ponen como ejemplo la educación cubana, donde, según ellos, son las mejores universidades. Aclaro esto para los los que exigen “su derecho” y para los aspirantes a estudiar con el dinero ajeno en América Latina: en Cuba la educación superior es un privilegio, no cualquiera ingresa en una universidad estatal. Los exámenes de admisión varían dependiendo de la carrera y son realmente pruebas de aptitudes intelectuales. En una carrera no pueden ingresar gratis más alumnos de los que el estado es capaz de mantener. Una vez admitido el aspirante, debe mantener un promedio de notas, para eso el estado, incluso, paga los estipendios mensuales. Pero… el alumno debe graduarse a tiempo (ni un día más, sin exageración; compare con el promedio de “estudio” en las universidades autónomas latinoamericanas que es de 10 años), y si no, ya no puede volver a estudiar en una universidad. Es decir, pierde varios años de vida en algo improductivo. Allí sigue otro pero. Por haber estudiado “gratis”, el graduando debe trabajar varios años donde el estado lo envíe, por supuesto, ganando su sueldo mísero, pero normalmente en las áreas donde uno no quiere irse voluntariamente. Tal es el caso de los médicos cubanos, quienes, al graduarse, deben trabajar un período en las aldeas montañosas de Cuba.

En cambio de la “gratuidad” de esta educación, el Estado impone de manera coercitiva a los estudiantes la ideología estatal sin el desarrollo de las capacidades de razonamiento ni de toma de decisiones. La educación y la investigación se convierten en adoctrinamiento, no reproducen el conocimiento sino a los ideológicamente fieles, esclavos mentales. El mismo ejemplo se puede aplicar a la educación compulsiva soviética. Lo mismo pasa con las universidades estatales venezolanas, ecuatorianas, argentinas y de los demás países. Con todo ello no se puede hablar de la calidad educativa porque esta simplemente no existe. @atoursinov