El PP gallego plantea un recurso de inconstitucionalidad por el uso del superávit

Varios cargos municipales del PP gallego han planteado este martes la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo firmado entre la FEMP y el Gobierno que permite a los ayuntamientos usar sus remanentes y habilita 5.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado a fondo perdido.

En una rueda de prensa en la sede del PPdeG, el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar; el vicepresidente de la Fegamp y alcalde de Cervo, Alfonso Villares; y los alcaldes de Lalín, Xosé Crespo; y de Porto do Son, Luis Oujo, han cargado contra la decisión tomada por la FEMP de aprobar solamente con los votos a favor de los alcaldes socialistas la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la utilización del superávit.

En este sentido, han avanzado la posibilidad de que los representantes de los gobiernos locales y provinciales propongan un recurso de inconstitucionalidad una vez se conozca el decreto ley que se debe convalidar en el Congreso de los Diputados.

Baltar, miembro de la FEMP, ha criticado la decisión adoptada por el órgano que preside el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y que supuso “una ruptura del consenso y del acuerdo que siempre caracterizó a esta institución”.

“Se pervirtió la FEMP por Pedro Sánchez y actuó de tonto útil Abel Caballero” que tuvo que emplear su voto de calidad para que el acuerdo fuese adelante ya que los representantes del PP, de Ciudadanos y del PDeCAT votaron en contra mientras desde Unidas Podemos se abstuvieron.

Al hilo de este apunte, Baltar ha remarcado que el adoptado ayer “no es un acuerdo de la FEMP sino que es un acuerdo de los alcaldes socialistas” y que vulnera “la autonomía local” que contempla la Constitución.

En opinión del vicepresidente de la Fegamp, la decisión es especialmente lesiva para las localidades gallegas puesto que “perjudica” de mayor forma a los núcleos pequeños y rurales mientras se dirige a grandes ciudades.

Por ello, el también alcalde de Cervo ha pedido que se rectifique para que “nuestro dinero no sea incautado para que sean otros los que cuadren las cuentas de una mala gestión”.

Por su parte, el regidor de Lalín ha sostenido que pese a la redacción del documento, la adhesión por parte de los ayuntamientos al acuerdo no es voluntaria sino que es “un chantaje” por lo que para acceder a la financiación “no les va a quedar más remedio que ir al matadero”.

EFE

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