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Opinión

¡El Poblado, así no se forja la paz! Por: Nelson Hurtado O.

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Nelson Hurtado O.4

Que el dolor de la especie, ha sido el crisol, donde se ha fundido y forjado la civilización, no hay duda.

Una de esas piezas de orfebrería, pero de fina filigrana, fundidas y forjadas en el crisol del dolor de la raza humana, ha sido el Derecho, hasta tal punto que podrían existir pueblos, sociedades sin Estado, pero jamás, sin un rudimento de orden jurídico. No ha sido fácil la consolidación de principios generales del Derecho, ni han sido estables y pacíficos sus procesos de institucionalización.

Nelson Hurtado O

Nelson Hurtado O

Con gran sabiduría, Don Benito Juárez, nos legó el apotegma que nos recuerda a cada instante que: “La paz, es el respeto al derecho ajeno”.

Con gran sabiduría, los Romanos, legaron a la humanidad tres brocados: Honeste vivere. Nemin Laedere. Suum cuique tribuere. (Vivir honestamente. No hacer mal al otro. Dar a cada uno lo suyo)

Si bien la civilización logró conquistas maravillosas, para la regulación de las relaciones intersubjetivas e interdependientes, entre los miembros de los pueblos y con sus Estados y entre otros pueblos y otros Estados, no es menos cierto que la humanidad debió volver al crisol donde se forja la civilización y la paz: el dolor de la humanidad.

Y la humanidad, en lo que parecía una victoria total y definitiva, más concretamente el pueblo francés, logra consolidar un cuerpo de derecho, con el cual se creyó quedaban derrotados, el oscurantismo, la tiranía, la subyugación, nacidas en la creencia de que los gobernantes, no cometían error, que eran infalibles y que además, eran representantes de algún dios, en la tierra. Se gobernaba, se mandaba, se prohibía, se ejecutaba, bajo la fórmula del “The King can not do wrong”. (El rey no se equivoca, el rey no puede hacer mal) o también conocido como el principio de la inmunidad absoluta del gobernante, que “indexado” podría proponerse como: “The wrens can not do wrong”.

Finalmente hemos llegado a la sociedad actual. Las relaciones: derechos y deberes del Estado mismo, frente a sus instituciones y entidades y frente a sus actos, encuentran tope o talanqueras en los Tratados internacionales, la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos, los reglamentos y desde las formas y los procedimientos. Del mismo modo, las relaciones del Estado con sus ciudadanos-administrados y viceversa, se han regulado en el mismo derecho administrativo, pero con la particularidad de cumplir el rol, de eficaz garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos-administrados, contra la arbitrariedad, la subjetividad y el capricho de los gobernantes, de otro modo contra la desviación de poder y la falsa motivación en las acciones del Estado, a través de sus autoridades públicas o servidores públicos, incluidas no pocas acciones, verdaderamente criminales. Por eso se ha logrado, que los servidores públicos, puedan comprometer sus responsabilidades: disciplinaria, fiscal, penal y patrimonial, por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Muchas cosas han pasado en los últimos dos meses en Medellín. Urbanización SPACE, ASENSI, CONTINENTAL TOWERS, CURADORES, PLANEACIÓN MUNICIPAL, POT, VALORIZACIÓN. ¡Ahora todo…olvido!

Pero el periódico “Vivir en El Poblado”, en su edición No 550 (pág. 2 a 10) toca nuevamente temas sensibles a esta comunidad.

El primero bajo el titular “Más propietarios pagarán la Valorización”, con el mensaje directo y morboso, a una sociedad que ya poco conoce del honeste vivere y del nemin laedere de los romanos, de tal modo que adquiere sustancia aquello que: “mal de muchos, consuelo de tontos”.

Aquí la cosa no es, si el concejal Guerra está feliz por la ampliación de la zona de derrame de valorización, (como todo lo del concejal esto es insular), o porque en ella queden incluidas las residencias del gobernador Fajardo y el C.C. Premium Plaza, la residencia de $7.000 millones del señor Mauricio Valencia exsecretario de OO.PP. y exdirector de Planeación de Medellín, o la residencia del señor alcalde Aníbal Gaviria C., etc. No. Ese no es el núcleo del asunto, como tampoco lo es que el ingeniero Darío Bustamante Ledesma y a sabiendas, se muestre sorprendido, pero satisfecho de dicha decisión tomada por el FONVAL y menos creíble que a estas alturas venga a decir que: ”…desde hace tres años están pidiendo al Municipio, una persona que los asesore en estos temas…pero que aún no han sido escuchados” y lo dice nada más y nada menos que el presidente de la “Junta de Representantes de Propietarios”, olvidando que como dicen los abuelos, la cuestión no es saber hacer empanadas, sino saber quién las hace buenas y que aquí en El Poblado, algunos ciudadanos hemos ido tan profundo en el tema del plan vial por valorización, que tenemos varias acciones judiciales en curso, por la ilegalidad del plan vial y de la valorización.

Conforme a ciertas decisiones, (lastimosamente jurisdiccionales), que se vinculan por lo menos sospechosamente, hasta con ascensos de algún servidor público en el Municipio de Medellín, creemos que se despacharán sentencias que permitirán la consumación de la tropelía.

La anterior afirmación, Dr. Darío Bustamante Ledesma, desde el convencimiento que nos ha procurado el estudio jurídico-legal, profundo, de estos temas, incluso contando con el apoyo y la guía de quien es Maestro en Derecho Administrativo y pariente cercano suyo, a quien profeso respeto y admiración de tamaño catedralicio. No nos queda duda, de que la extensa ratio juris, sobre estos temas, no está de parte de quienes las hemos estudiado y expresado, sino que está de parte de nuestros conciudadanos-administrados, propietarios de viviendas en El Poblado, víctimas del aberrante “The King can do not wrong”, impuesto desde “La Alpujarra” y entiéndase por ello: Concejo de Medellín, Alcaldía, Planeación, Fonval, Edu. La junta de representantes de propietarios, carece de mandato con representación, para pedir, solicitar o comprometer a la comunidad de El Poblado y menos patrimonialmente a cada uno de sus ciudadanos-administrados. En su momento veremos, como el pago de la valorización, no será una obligación, líquida, expresa, clara y exigible.

Sabe además el Dr. Bustamante Ledesma, como ingeniero y como exdirector del extinguido INVAL, que los únicos inmuebles en los que se realiza la supuesta valorización, son aquellas tierras que apenas van a ser construidas por primera vez, o las que resulten de demoler construcciones existentes. La propiedad ya construida actualmente en El Poblado, al contrario se desvaloriza, por la desmejora en las condiciones medioambientales, por más contaminación de material particulado, calor, gases tóxicos y ruido, proveniente de mayor población vehicular, como lo afirman las familias que viven en el entorno de los C.C. El Tesoro, Santa Fe, el puente de la 4 sur y la ampliación de Los Balsos.

No es honrado, cuando conforme al acuerdo 58 de 2008, la “Junta de Representantes de Propietarios”, es una “convidada de piedra”, que se perciba remuneración por “tales servicios” y menos, que sea asesorada por el séquito de “técnicos y expertos”, suministrados por el mismo interesado Municipio de Medellín.

En este tema, están comprometidos y en inminente peligro, derechos fundamentales y derechos colectivos en conexidad con los primeros. Hay vulneración de la Constitución en diversos artículos y en especial en los temas de espacio público, interés general, utilidad pública o interés social, vigencia de leyes y actos administrativos, requisitos de forma y fondo, actos regla y sobre todo, ilegitimidad e ilegalidad de la expropiación administrativa. Nadie en El Poblado, va a librar una batalla, como las del Quijote, solo que ahora, no contra los molinos de viento, sino contra las retroexcavadoras de la administración; de seguro ellas avanzarán, pasarán por encima de los derechos y libertades de los ciudadanos-administrados, por encima de la propiedad privada horizontal, por encima de la seguridad jurídica, la buena fe, la confianza legítima y la moralidad administrativa, pero esta manera de actuar, no coadyuva a la gobernabilidad del Estado, a la credibilidad en las instituciones y en las autoridades, a la aclimatación de la coexistencia y menos, antes que a construir, a forjar la paz, como derecho y como deber, desde los principios, valores y fines que traza la Constitución, entre ellos, el de que las autoridades públicas, están al servicio de la comunidad, de los administrados y no a la inversa. Ni Medellín, ni ningún municipio de Colombia, tiene administradores, como mayordomos, sino autoridades públicas, porque este territorio, siendo ajeno, es de todos los que habitamos su suelo.

¿Cómo pedir asesores, cuando la Junta y respecto de ciudadanos civilistas, solo nos ha hecho saber, por intermedio de Shakira, que es: “ciega, sorda y muda”?

Por malos “cálculos estructurales” han caído en El Poblado: Monte Verde, Space, Asensi, Continental Towers…por lo mismo puede periclitar, la institucionalidad de nuestro Estado, el poquito de comunidad y coexistencia, de buena fe y confianza legítima que nos queda en la ciudad.

Aquellas urbanizaciones han caído, por una DOBLE NEGACIÓN del “OTRO”: una, de ingenieros y empresarios y otra por parte del Estado; los primeros porque entre sus insumos, no mezclaron el DERECHO y el segundo: porque desde el “trámite” le torció el pescuezo. De lo mismo adolece el plan vial por valorización en El Poblado, de malos “cálculos estructurales” ingenieriles y jurídico-legales y creemos firmemente que así, no puede forjarse ni la Justicia, ni la Paz, ni realizarse el bien común, dejando en peligro inminente de ruina, nuestra institucionalidad.

Que por lo demás, en guerra estamos, desde que, Caín, mató a Abel, con una elemental quijada de burro. ¡Caímos de los árboles, perdimos la cola y ahí fue Troya: descubrimos el suelo!

Y ratificamos, nuestra discrepancia NO ES POR DINERO, si hay que pagar, pagamos valorización; nuestra discrepancia es por la defensa de los VALORES FUNDANTES de nuestro Estado Social de Derecho y de los DERECHOS y LIBERTADES CIUDADANAS: DIGNIDAD HUMANA, solidaridad, bien común, buena fe, seguridad jurídica, confianza legítima, debido proceso, propiedad privada, no expropiación administrativa, medio ambiente sano, salud, calidad de vida, antes que nivel de vida. @abogadohurtado

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