El juez ideal, a propósito del Magistrado Barceló

La premisa del juez imparcial, libre de sesgos, parece haberse quedado en los libros de derecho constitucional y procesal. Cada vez son mas los jueces al servicio de intereses particulares alejados de la ley y la justicia. Las Cortes parecen haberse convertido en un festín donde el poder judicial y legislativo ofertan al mejor postor para que salvaguarde sus intereses.

La politización de la Justicia es la consecuencia más tangible de la derrota de la división de poderes. El juez colombiano ya no basa sus argumentos en la racionalidad jurídica sino en la racionalidad política. A medida que el juez se inmiscuye en la política mas lejos estamos del juez ideal capaz de garantizar a los ciudadanos la certeza de que administrará justicia y protegerá los intereses supremos de la patria.

El juez ideal, justamente, el que parece no existir en Colombia, tiene en ruinas la legitimidad de la rama judicial, los colombianos estamos cansados de ver jueces corruptos. Las mafias de la corrupción parecen haber invadido sin misericordia la imparcialidad de nuestros jueces.

El escándalo de corrupción del cartel de la toga que avergonzó a la rama judicial parece haber sido solo el primer eslabón para que los ciudadanos de a pie perdamos toda la credibilidad y confianza en nuestro sistema judicial.

Hoy es casi imposible confiar en nuestros jueces, esos señores supuestamente encargados de administrar justicia, hoy representan, algunos, no todos, la ilegalidad justificada en el error judicial.

El propio presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es el protagonista del desprestigio de la Corte, con un precedente muy parecido al que nos heredo el expresidente Juan Manuel Santos al desconocer la voluntad popular en el plebiscito por la paz, el magistrado José Luis Barceló desconoce la ley y la propia jurisprudencia de la propia Corte, todo para justificar una actuación a todas luces ilegal.

En días pasados el país se sacudió con una carta de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual le confirma que interceptó su número telefónico por ERROR. Un supuesto error, quizás muy parecido al que cometieron en el DAS en el año 2009, con la diferencia de que los funcionarios del DAS están pagando una condena de 14 años y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pretenden quedarse en la impunidad.

Tan inocentes nos creyeron, pero tan impredecible fue para el Honorable Magistrado, que la Fiscalía revelaría que días antes de que se produjera el supuesto error de la Corte Suprema, el despacho del magistrado José Luis Barceló fue notificado por investigadores de la Fiscalía, en otro caso, el de Iván Cepeda, de que ese número correspondía al del expresidente Uribe. Un error con alta sospecha de dolo.

Un error con dolo que podría constituir violación ilegitima de comunicaciones y hasta un prevaricato por el sorprendente auto que ordena trasladar las interceptaciones ilegales a otro proceso diferente al que las origino.

Decía William Scott Downey, que la ley sin justicia es una herida sin cura. Una herida que parece no sanar y por el contrario hacerse mas profunda en la justicia colombiana.

Afirma la Corte Constitucional que el derecho a la intimidada puede ser limitado cuando el ordenamiento jurídico lo imponga en aras de cumplir un objetivo constitucionalmente legítimo, pero que el limite a esa interceptación recae en el principio de finalidad y necesidad, que imponen la carga que la información personal que deba ser objeto de interceptación, se limite estrechamente a aquella que guarda relación de conexidad con la finalidad pretendida en el proceso.

Entonces, ¿Que tan legitimo es un error con dolo?.

Una supuesta prueba originada en el despacho del Magistrado Barceló, que al pretender darle validez, esta más cerca de convertirse en una chuzada ilegal constitutiva de delito penal, y que a todas luces comprueban la premisa de que no existe en Colombia el juez ideal, imparcial, libre de sesgo.

Un nuevo eslabón de vía de hecho que sumado al escándalo del cartel de la toga terminaron de deslegitimar la poca credibilidad que le quedaba a la Corte Suprema de Justicia. Entre mas cerca de la política, mas lejos de la justicia.