En el Medio Atrato (Chocó), fue capturado alias ‘El Gordo’, señalado líder de una organización dedicada a la minería ilegal de oro, y quien pagaba $8 millones al mes al comandante de Policía Chocó, para que le informara sobre posibles operativos en su contra.
El hombre fue capturado y judicializado junto a Jessika Paola J. C., quien presuntamente era la contadora y responsable de los asuntos administrativos de alias ‘El Gordo’; y Javier C. V., quien sería encargado del traslado y comercialización del oro extraído.
A la par de las capturas, fueron ocupados con fines de extinción de dominio, 52 bienes que según las autoridades estaban al servicio de la organización de alias El Gordo.
“Néstor M. A. sería el propietario de por lo menos, cinco frentes mineros ubicados sobre las fuentes hídricas y áreas forestales en Medio Atrato, las cuales han sido afectadas con el vertimiento de sustancias tóxicas y la utilización de maquinaria amarilla, motores y otros elementos usados para acelerar la extracción de oro”, informó la Fiscalía.
La investigación también da cuenta de los supuestos pagos de alias El Gordo, entre agosto de 2022 y febrero de 2023, al coronel Clauder Antonio Cardona Cataño, para que en su condición de comandante del Departamento de Policía de Chocó, informara sobre las operaciones en contra de sus entables mineros.
Recordemos que el oficial mencionado ya fue capturado e imputado y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de cohecho propio y explotación ilícita de yacimiento minero.
En lo que respecta a alias El Gordo y los otros procesados, la Fiscalía les imputó, según su posible participación, delitos como explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental, concierto para delinquir agravado, daño a los recursos naturales y ecocidio, y cohecho.
Las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión fueron impuestas por la Fiscalía, sobre 35 inmuebles urbanos, seis vehículos, tres embarcaciones, cuatro sociedades y cuatro establecimientos de comercio.
Durante las diligencias fueron incautados $39 millones, sobre los cuales, hasta el momento no hay claridad de su origen, por lo que se presume que corresponden a ganancias por la comercialización de oro obtenido ilegalmente en Medio Atrato.
Las propiedades, que están a nombre de familiares y conocidos de la red de minería, están ubicadas en Medellín (Antioquia) y Quibdó (Chocó). Ahora pasaran al recaudo de la Sociedad de Activos Especiales -SAE-.
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