El gobierno “se cura en salud” y ordena protección a todos los amenazados. Por Edgar Artunduaga.

El director de la Unidad nacional de protección, Andrés Villamizar, considera que es mejor –en su responsabilidad- pecar por exceso que por defecto y que todos los líderes de izquierda amenazados han comenzado a recibir protección especial del Estado.

Edgar Artunduaga

Las ‘Águilas Negras’ y “Los Rastrojos” enviaron sendos comunicados amenazantes contra directivos de la Unión Patriótica, Marcha Patriótica y otros partidos de oposición.

“La Policía está iniciando una investigación de la mano con la Fiscalía para determinar el origen de estas amenazas. La mayoría llegan por correo electrónico y es relativamente difícil poder precisar el origen concreto. Lo que pensamos es que buscan generar zozobra, generar temor y miedo”.

Villamizar recibió instrucciones del Presidente Santos y el Ministro Iragorri, del Interior, en el sentido de que “hay que curarnos en salud y protegerlos a todos”.

“El Gobierno no va a permitir que ningún acto de amenaza se concrete y condenamos muy enfáticamente que se hagan este tipo de agresiones”.

¿Para curarnos en salud dijo el Presidente?

Exactamente. Y que era mejor que pecáramos por exceso y no por defecto y que no pusiéramos la vida de ninguna persona en riesgo por omisión o por falta de acción en este tema.

¿La más amenazada es Aida Avella?

Sí. Es la única persona que está mencionada en los dos panfletos. Yo he hablado personalmente con ella en dos ocasiones, tiene un esquema de protección muy robusto de parte nuestra. Ella está preocupada no tanto por la seguridad de ella misma sino de los otros dirigentes y de los seguidores de la Unión Patriótica.

Hemos establecido un plan de protección para todos los candidatos al Congreso, tanto Senado y Cámara, como los principales líderes de la Unión Patriótica en todo el país para que este partido pueda actuar con plenas las garantías. Vamos a garantizar que sea así y vemos con mucha alegría y optimismo que la Unión Patriótica esté nuevamente participando en el escenario político después de tantos años.

En algún momento Piedad Córdoba habló de 39 muertos de Marcha Patriótica y de gente de izquierda, ¿esa cifra se ha confirmado?

Nosotros recibimos un listado de parte de la doctora Piedad Córdoba de 29 personas muertas, pero hay que aclarar unas cosas:

Hay personas que presuntamente habrían muerto en combates con el Ejército o enfrentamientos con el Esmad. Obviamente en estos casos la Unidad Nacional de Protección no es la competente para determinar sino la Fiscalía tendrá que investigar si esas muertes se produjeron de manera legal, en combates con el Ejército, enfrentamientos con la Fuerza Pública, o si por el contrario hubo alguna irregularidad en esas muertes.

Una parte de ese listado sí son personas que fueron ultimadas por sicarios o que fueron asesinados en situaciones por fuera de combate. Nosotros revisamos ese listado uno por uno y lo que pudimos determinar para esos cerca de 14 casos es que para ninguno de ellos se nos había solicitado protección ni se nos habían denunciado amenazas contra ellos.

Lo cierto es que la Marcha Patriótica es una organización, una sumatoria de organizaciones tanto de índole social, político, sindical, que operan o trabajan y se mueven política y socialmente en zonas de conflicto armado, de alto nivel de violencia.

La invitación que le he hecho a los principales líderes de Marcha Patriótica, entre ellos la doctora Piedad Córdoba, también el doctor Iván Cepeda, Carlos Lozano, quienes además hay que resaltar, todos ellos cuentan con protección nuestra, que nos ayuden a determinar de las decenas de miles de militantes de la Marcha Patriótica cuáles en particular, cuáles líderes, pueden tener un riesgo en particular para poder brindarles la protección de parte nuestra.

¿Cómo se selecciona el personal de seguridad?

Pues hay una mezcla. Algunos escoltas provienen del DAS, especialmente quienes acompañan a los expresidentes de la República, porque trabajaron con ellos en sus gobiernos.

Igualmente tenemos exmiembros del M-19 y el EPL, tras firmar la paz con el gobierno.

Nosotros también heredamos escoltas del ministerio del Interior, que se manejan a través de una empresa privada que se escoge por licitación, pero estamos en el proceso de terminar esa tercerización y vincular los escoltas a la planta directamente.

Resalto que la gran mayoría de los escoltas son personas de confianza del propio protegido. En la mayoría de los casos el propio protegido ha escogido su escolta, una persona de confianza, bien sea un expolicía o un exdetective del DAS; el propio protegido sugiere su nombre y eso -en parte- explica el éxito del programa de protección hasta el momento.

¿Cuántas personas en Colombia tienen esquemas de protección y qué cantidad de personal está incluido en esos esquemas?

En este momento tenemos con algún tipo de medidas de protección cerca de 7.000 personas pero con esquemas de protección como tal, que tengan al menos escoltas armados y también en algunos casos vehículos, son cerca de 2.000 colombianos que tienen esquema de protección.

Tenemos unos tres mil escoltas que trabajan para la Unidad de Protección pero por supuesto también hay un número importante de hombres y mujeres de protección de la Policía Nacional.

Todo un batallón….

Y tenemos un presupuesto significativo, cerca de 200 personas de apoyo administrativo y un presupuesto total de 380 mil millones de pesos al año, que ha ido creciendo porque este Gobierno ha brindado garantías a más personas que nunca antes.

¿En tiempos electorales, usted y la gente de su oficina anda con los pelos de punta?

Yo ando con los pelos de punta por lo menos hasta el 9 de marzo, y por supuesto también un poco hasta mayo o junio cuando terminen las elecciones presidenciales.

Pero adicional a esto está el tema del proceso de paz que por supuesto también genera algunas inquietudes, y son momentos difíciles para el país. Pero creo que son coyunturas que van a dar una señal de esperanza y de optimismo para Colombia a futuro.

Es un sacrificio importante y necesario para que Colombia tenga un futuro en paz y en tranquilidad.

¿Ha sentido usted que sus teléfonos han sido chuzados?

En Colombia –por el historial de chuzadas- uno vive un poquito paranoico.

Entonces uno piensa que puede estar chuzado en un momento dado, uno se cuida de lo que dice por el teléfono, pero muchas veces yo creo que los colombianos confundimos el mal servicio de los operadores con síntomas de estar chuzados.

Las llamadas caídas, la mala comunicación, muchas veces es más fruto del mal servicio de los operadores celulares y no tanto de que uno esté chuzado.

Pero por supuesto que uno es prudente y se cuida.

El periodista Ricardo Puentes se queja de que usted le quitó la protección, estando él amenazado….

Con él me pasa algo parecido a lo que me pasa con muchas otras personas. Cuando tienen esquema de protección la Unidad es lo mejor que existe y yo soy el mejor funcionario del Gobierno, y cuando se le retira paso de un día para otro a ser el más grande vagabundo y el más grande hampón que trabaja para el Gobierno.

Ese es el caso de este señor que usted menciona. Yo soy supremamente respetuoso del trabajo de los periodistas, trabajamos de la mano con la FLIP porque las agresiones contra los periodistas no son solamente con balas, también con expedientes judiciales, con demandas espurias, con intentos de amedrentar la prensa libre.

Entonces yo me cuido mucho de entrar en conflicto con periodistas por ese motivo. Sin embargo, por las afirmaciones injuriosas y calumniosas de este señor contra mí y que ya pasaron de castaño a oscuro, lamentablemente me vi obligado a demandarlo penalmente ante la Fiscalía.

Pero lo importante para destacar – más allá del caricaturesco personaje- es que las decisiones de retirar los esquemas de protección no son capricho del director de la Unidad.

Hay un comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas, que toma decisiones técnicas basadas en estudios de riesgo. Es el único comité facultado para asignar o retirar esquemas de protección. Ahí participa la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, además pues del programa presidencial de Derechos Humanos, todas las instancias del Gobierno y del Estado colombiano que tienen que ver con la protección.