El gobierno estudia peajes para las motos, más impuestos y pico y placa. Por Edgar Artunduaga.

El gobierno considera que la compra de motocicletas se ha desborado en el país y pretende “mitigar el fenómeno” –según palabras del viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñan- con unos impuestos adicionales.

Edgar Artunduaga

-“Las motos no pagan todos los impuestos frente a los costos o las externalidades negativas que le generan a la sociedad”, sentencia el alto funcionario.

Y complementa: “Las motos no pagan peajes, y eso lo estamos revisando. El seguro obligatorio, si lo comparamos con la accidentalidad que está causando, tiene unos costos muy bajos. Las licencias de conducción en este momento no tienen un proceso tan riguroso ni para motos ni para vehículos, pero sí queremos empezar con las motocicletas dado el alto impacto que están teniendo en la accidentalidad vial”.

Estupiñan dice que el Ministerio planteará algunas líneas, pero son los alcaldes los encargados de implementar las decisiones. “Algunas ciudades por orden público y por seguridad, por ejemplo, tienen la prohibición del parrillero hombre a partir de algunas horas. Podemos también pensar en pico y placa, en algún tipo de medidas de manejo de tráfico que nos ayuden a controlar el problema de las motos”.

¿Pico y placa para las motos?

Digo que hay distintas alternativas para empezar a mejorar la forma en que las motos vienen transitando.

¿La idea es poner en cintura las motos?

Sí señor. Es un fenómeno que viene creciendo y que tenemos que poner en cintura, como usted dice. Hay distintos problemas que generan como la accidentalidad, la congestión, la anarquía, su difícil control.

¿En qué proporción se disparó el uso de la motocicleta?

A nivel nacional el parque se multiplicó como 2.3 veces en los últimos 10 años. Tenemos otra estadística que nos preocupa muchísimo, y es que el 44% de los 6000 muertos que tenemos al año por culpa de la accidentalidad vial proviene de las motocicletas.

En el país se venden aproximadamente alrededor de 300 mil vehículos al año. Las ventas de motocicletas superaron las ventas de carros, para que tengamos una idea del tamaño del problema que está creciendo y creciendo.

¿Se venden más motos que carros en este momento en Colombia?

Hoy por hoy sí. El parque de motos ya superó el parque de carros.

El de Bogotá es de unos millón 800 mil vehículos.

¿De todo el cúmulo de problemas del transporte, cuál es el más grave?

En general el sector transporte está atravesando un momento muy difícil. Uno de los problemas más graves que tenemos nosotros es el de la informalidad y el de la ilegalidad.

Hemos encontrado que el marco regulatorio que tenemos nosotros y la superintendencia para sancionar no es suficientemente fuerte y rápido. Nos faltan herramientas para controlar la informalidad, tanto desde el orden nacional como con la articulación con las autoridades locales que son las responsables de este tema en sus municipios.

¿Se requieren más leyes?

Para que ustedes se den una idea, el superintendente actual ya ha tramitado dos veces en el Congreso de la República un proyecto de ley para mejorar su código sancionatorio, para hacerlo más rápido, para hacerlo más fuerte, para tener mejores herramientas, pero se ha hundido ya dos veces. Lo vamos a intentar nuevamente.

¿Qué sucedió finalmente con el servicio de Uber en Bogotá, condenado por el grueso de los taxistas?

Lo primero que queremos aclarar es que Uber no es una empresa prestadora de ningún servicio de transporte. Uber no está habilitada en el Ministerio de Transporte ni tiene nada que ver con nosotros. Uber es una empresa de servicios tecnológicos, que ofrece aplicaciones tecnológicas.

Lo que viene sucediendo es que hay algunas empresas y servicios que se habilitan para prestar servicios de transporte especial (escolar, turístico y empresarial). Están habilitados para estos servicios pero vienen prestando unos servicios de taxi de pasajeros e individual, y esto claramente se sale del marco legal.

¿Cómo controlar y hacer más eficiente el servicio de taxis?

Le corresponde a las alcaldías. Si bien el Ministerio de Transporte es el que hace un marco regulatorio a nivel nacional, los taxis dependen de cada uno de los municipios y de los distritos. Por ejemplo, los alcaldes regulan la tarifa del servicio de taxi, lo hacen a través de sus concejos municipales y distritales. También determinan cuánto es el número de taxis que necesitan sus ciudades para poder suplir las necesidades de las personas. En ese sentido el Ministerio de Transporte no tiene competencia sobre esta materia.

¿Es anárquico el servicio de los taxis?

No, para nada. Nosotros tenemos un marco regulatorio, hay unas condiciones, y la mayoría de los alcaldes velan y vigilan porque esos servicios se presten. Obviamente tenemos unas deficiencias que tenemos que corregir.