El Gobierno de Bolivia culpa a los manifestantes de las muertes en las protestas en 2019

El ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, aseguró este martes que los manifestantes que murieron a finales del año pasado durantes protestas sociales “fueron asesinados por sus compañeros”, no por disparos de militares y policías.

Murillo se refirió en rueda de prensa en La Paz a un informe de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que documenta “asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias” entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre pasados durante operaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia.

“Es muy fácil hablar desde muy lejos cuando no se conoce la realidad”, dijo en referencia a Bachelet, a quien invitó a visitar el país.

“Todos los muertos fueron asesinados por sus compañeros, no hay un solo muerto, gracias a Dios, por la Policía y los militares, ni con bala policial ni con bala militar”, aseveró.

El ministro interino añadió que “la mayoría de los muertos son con bala en la nuca, en la espalda, el costado, no conozco una bala (…) que se dé la vuelta para entrarte por la nuca”, y comentó que en un enfrentamiento los disparos son normalmente al pecho o la cara.

Arturo Murillo instó a la comisionada de la ONU a revisar en Bolivia informes forenses sobre muertes por disparos en noviembre durante operativos militares y policiales en las ciudades de El Alto y Sacaba, donde según distintas fuentes como la Defensoría del Pueblo boliviana murieron en cada caso al menos once civiles.

Estas muertes fueron calificadas de “masacres” por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que no fueron debidamente investigadas.

Murillo instó a Bachelet a pronunciarse sobre los al menos 40 enfermos que fallecieron este mes por falta de oxígeno medicinal en Bolivia, que el Gobierno interino del país atribuye a problemas de suministro por bloqueos de carreteras durante 12 jornadas seguidas de protestas, instigadas a su juicio por el expresidente Evo Morales.

El ministro interino pidió que cualquier observación desde el exterior sea con “transparencia”, en vez de lo que calificó de “campaña política”.

El informe de la comisionada de Naciones Unidas se refiere a la crisis política y social que derivó en la salida del poder de Morales, quien denuncia que fue forzado por un golpe de Estado, tras las elecciones de octubre en las que fue declarado vencedor para un cuarto mandado seguido pero que luego fueron anuladas entre denuncias de fraude.

Familiares de las víctimas denuncian que la Justicia boliviana nunca se ha interesado por investigar, mientras que la Defensoría del Pueblo registra al menos 36 fallecidos en sucesos violentos por aquella crisis en Bolivia.

EFE