El difícil momento de la Jurisdicción Especial de Paz

Se ha dicho, con razón, que en cualquier democracia que se precie de tal, el derecho a pensar y opinar distinto, es sagrado, pero parece que en Colombia frente a algunos sectores y temas es una herejía manifestar creencia distinta, porque quien está liderando lo que es objeto de discusión no admite punto de vista distinto al suyo o al del grupo o sector que representa. Con el proceso de paz ha sucedido: los que lo defienden no toleran cuestionamiento alguno al mismo ni a las instituciones y leyes que lo han desarrollado; y los opositores difícilmente admiten las bondades que dicho proceso trajo consigo. Como consecuencia de este proceso, se creó la Jurisdicción Espacial de Paz, encargada de investigar y juzgar los crímenes durante el conflicto armado cometidos por quienes en él intervinieron.

La principal crítica que se le ha hecho a este organismo es su sesgo ideológico, porque se considera que a la manera de un traje hecho a la medida, fue un sistema de justicia creado para beneficiar a los ex guerrilleros, principalmente a sus cabecillas, lo que se ha hecho más patente ahora que ha quedado claro y es público, que cuando se abordó en las negociaciones el capítulo referente a la justicia, que es para muchos el punto que más interesaba a la guerrilla, Santos creó una mesa paralela, en la que por parte del gobierno estuvieron los ahora exministros María Angela Holguín y Juan Fernando Cristo, haciendo a un lado al equipo negociador del gobierno, donde se “concertó” lo relativo a la materia de investigación y juzgamiento, especialmente de los jefes guerrilleros, en la que, según dicen expertos, se cedió a todo lo que la guerrilla quiso. Para quien tenga dudas acaba de salir el libro de Humberto de la Calle ofreciendo datos sobre las negociaciones.

Aparte de ello, hace pocos días la opinión pública vió en televisión el operativo donde se capturó a un fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, recibiendo una suma de dinero en dólares, dizque para entorpecer el proceso de extradición de Jesús Santrich; en las interceptaciones telefónicas que dió a conocer la fiscalía en las audiencias llevadas a cabo para solicitar la detención del fiscal, se menciona a un magistrado de esa jurisdicción, como que sería alguien que les ayudaría con la ilícita diligencia; al margen de que hasta ahora no hay pruebas de la participación de Santrich en esos hechos, ni que tampoco el magistrado tenga que ver en los mismos, el hecho de la captura de un fiscal de la JEP si genera ruido y hace pensar muchas cosas, a más de que se ha sabido que las únicas credenciales que tiene Bermeo para mostrar es el de haber aspirado a la alcaldía de Popayán, lo cual prueba, y lo han dicho ya importantes columnistas y altos ex funcionarios de la rama judicial, esta jurisdicción no quedó vacunada contra los políticos, sino que fueron ellos los que metieron sus cuotas, al mejor estilo de cualquier entidad del estado donde se entran a feriar puestos y contratos.

Miren el caso del hijo de Ernesto Samper Pizano. Quién lo creyera. Pero adicionalmente a ello se supo que dos abogados que han representado ante las autoridades judiciales en Colombia al guerrillero en espera de la extradición, se les contrató en esta misma jurisdicción y allí trabajan actualmente. Situación que llevaría a que cualquier desprevenido piense que no parece recomendable que ex abogados de cabecillas guerrilleros trabajen ahora en el tribunal que los investiga y juzga; así se diga que esas personas no tienen mayor responsabilidad y que las decisiones están a cargo de fiscales y magistrados; es como si los abogados de los paramilitares y políticos condenados por las alianzas con estos terminaran de empleados en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Pasa por días difíciles la Jurisdicción Especial de Paz, son varios hechos los que la han puesto en la picota, pueda ser que con el tiempo se corrijan cosas, pueda mejorar su imagen y sea un organismo que genere confianza y credibilidad, el país así lo requiere.