El derroche burocrático de Petro y la hipocresía fiscal del «gobierno del cambio»

Colombia enfrenta una situación fiscal delicada como resultado de un manejo irresponsable del gasto público. Se estima que el déficit fiscal finalizó el 2025 en 8% del PIB, el nivel más alto de la historia reciente del país, incluso por encima del registrado durante la pandemia. Pero el problema no es solo el tamaño del déficit. Es su origen.

El gobierno que prometió gobernar para “los nadies” terminó gobernando para los nombrados. En lugar de fortalecer la inversión social y priorizar a quienes más lo necesitan, el Estado se hizo más grande, más costoso y menos eficiente. La expansión no fue en infraestructura, ni en cobertura real de servicios públicos, sino en nómina y contratos.

Las cifras son contundentes. Sumando funcionarios y contratistas, el costo de la nómina real del Gobierno Nacional (sin Fuerza Pública) pasó de $16,9 billones en 2022 a $29,4 billones para 2026. Son $12,5 billones adicionales en burocracia. Cada peso que va a una nómina inflada es un peso que no llega a reducir listas de espera en salud, terminar vías terciarias, financiar educación técnica o apoyar pequeños productores. Esa es la verdadera discusión sobre justicia social.

Pero lo más preocupante no es solo cuánto creció la burocracia, sino cuándo.

De esos $12,5 billones adicionales, $6 billones corresponden a 56.842 contratos de prestación de servicios adicionales suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías en enero de 2026. La Ley de Garantías nació precisamente para evitar que el poder use la chequera pública para influir en elecciones. Para impedir que la contratación estatal en vísperas electorales se convierta en herramienta política.

Aquí lo que vimos fue una carrera contra el reloj para comprometer recursos antes de que se cerrara la puerta.

Durante años Petro denunció que la contratación masiva antes de elecciones era mermelada para aceitar maquinarias. Hoy su propio gobierno protagoniza el mayor aumento de contratistas en la antesala electoral. Lo que antes se criticaba, ahora se justifica como ejecución presupuestal.

Esa expansión burocrática y el derroche no es gratuito. Para sostenerlo, el Gobierno aumentó el endeudamiento de manera acelerada. Petro recibió la deuda del país en $800 billones y hoy asciende a $1.180 billones. En tres años y medio nos endeudaron en casi $400 billones adicionales. Hoy $21 de cada $100 del presupuesto se destinan únicamente al pago de deuda e intereses. Ese dinero no va a educación, salud ni infraestructura. Va a cubrir el costo de un Estado sobredimensionado que priorizó la burocracia sobre la inversión productiva.

Esta deuda nos está saliendo cada vez más costosa. En diciembre de 2025 el Ministerio de Hacienda entregó TES por $23 billones en una operación privada y poco transparente, con una tasa del 13,15%. Una decisión que compromete la sostenibilidad financiera del país y que merece explicaciones claras.

Las consecuencias ya se sienten. Tasas de interés más altas, crédito más costoso y menor inversión. El sueño de comprar vivienda, emprender o acceder a financiación se aleja para millones de colombianos. El discurso era justicia social. El resultado ha sido más burocracia, más deuda y más impuestos.

La irresponsabilidad fiscal no es un accidente. Es el resultado de una contradicción profunda entre lo que se prometió y lo que se hizo. Cuando un gobierno que se presenta como defensor del pueblo prioriza la expansión del aparato estatal en plena antesala electoral, la pregunta ya no es solo económica. Es ética.

Colombia necesita orden fiscal, transparencia y un Estado que invierta en la gente, no en su propia maquinaria.