El Campanario: El proceso de politización del Consejo de la Judicatura. Por Tomás Nieto

El organismo colombiano que mayor reforma ha demandado, en todos los órdenes, durante los últimos años, es el Consejo Superior de la Judicatura, en la actualidad dominado por una poderosa rosca política de los partidos tradicionales colombianos.

Justamente, los gobiernos anteriores y el actual, han prometido que harán reformas o suprimirán de un tajo la institución. Nada ha pasado al respecto, porque sus miembros se ha opuesto de manera contundente ejerciendo su influencia a los cuatro vientos, en el gobierno central y el las cámaras legislativas. En consecuencia, nada pasará, aunque tanto va el agua al cántaro hasta que por fin.

La prolongada agonía

La institución sufre una agonía paralizante, gracias a la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Francisco Ricaurte Gómez como magistrado-presidente de la entidad. Nadie entiende como un jurista después de haber ejercido la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se devuelve a un cargo inferior en la pirámide judicial. Salvo apetitos burocráticos y anhelos de mantenimiento de poder, justificarían la errónea equivocación que por estos días remueve hasta los cimientos del poder judicial nacional.

Ahora bien, el Consejo Superior de la Judicatura es el organismo judicial que ha logrado, justificadamente, ponerse en el ojo del huracán. Precisamente, el C. S. de la J., ha sido sometido a un durísimo cuestionamiento, desde años atrás por la opinión pública nacional, a raíz del denominado escándalo del “carrusel de las pensiones”.

Es más, un miembro de la corporación tuvo que hacerse a un lado, rápidamente, apenas empezaron las denuncias. El magistrado Henry Villarraga, tuvo supuestos ofrecimientos del cuestionado coronel (r) Robinsón González, que lo obligaron a la renuncia intempestiva.

La política corroe sus cimientos

En el Consejo predomina la opinión de los magistrados de alta reputación y de rancia estirpe política. Primeramente impone sus criterios desde agosto de 2008, el exsecretario general de la Cámara de Representantes, Angelino Lizcano Rivera, – por cuatro periodos consecutivos-, (campeón mundial), audaz magistrado con acceso a la clase política, y para muchos jueces y conjueces de las altas cortes, tildado como “mandadero de ella”. Los antecedentes, así lo presagian y su proceder allí lo ratifica. En la corporación legislativa fue recomendado por el clan de los Turbay en el Caquetá.

Una llave a bordo

Lizcano Rivera ha hecho llave con Julia Emma Garzón de Gómez, magistrada caucana muy cercana a los poderes de los organismos de control, quien sucedió en el cargo de la magistratura al actual Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, Eduardo Campo Soto, influyente varón perteneciente en la clase política costeña y exgerente de la Imprenta Nacional.

Para complementar la rotunda politización del Consejo, aparece el nombre de Ovidio Claros Polanco, exrepresentante liberal a la Cámara y excontralor de Bogotá, quien se mueve como pez en el agua en los acuíferos políticos.

Todos ellos dueños de la Sala jurisdiccional disciplinaria del ente judicial, completan “las llaves políticas” de la institución, con el concurso que les ofrece el magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago, abogado conservador muy cercano al congreso nacional y particularmente al corazón del hábil senador boyacense Jorge Hernando Pedraza, su mentor político.

Autorizadas voces y eruditos sobre el tema, afirman que con razón tanta politiquería le produjo asco a la doctora Maria Mercedes López Mora, quien prefirió poner “pies en polvorosa” antes que ser parte de esta putrefacta rosca política, hoy en pleno declive.

Adornan esta pléyade de políticos en ejercicio jurídico en el Consejo, el abogado Wilson Ruiz Orejuela, paisano y gran amigo del ex candidato presidencial del conservatismo Carlos Holguín Sardi, y Néstor Iván Osuna Patiño, quien reemplazó al magistrado Villarraga y hace quórum, por ahora, como un convidado de piedra ante este “memorable” carrusel de políticos, inmersos en el Consejo Superior de la Judicatura.

Tolón Tilín

“Que entre el diablo y escoja”, se dice en el Palacio de las Cortes, cuando se aprecia la incinerante explosión jurídica que produjo el fallo del Consejo de Estado, para que el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, “Ricaurte” prosiga en átomos volando, como el mártir de San Mateo.