En primer lugar un 2019 lleno de proyectos realizables y fructíferos para que los colombianos nos enrutemos nuevamente hacia una nación próspera y con horizontes claros a mediano y largo plazo. Es obvio que mientras tengamos organismos como la JEP en nuestras instituciones aunados a la podredumbre de nuestro sistema de aplicación de justicia tendremos demasiados y muy ostentosos lunares en el panorama.

Desde la creación del bodrio de la JEP se vislumbró el sesgo y la poca transparencia que habría en sus actuaciones puesto que el tiente era netamente favorecedor para los narcoterroristas y muy poco alentador para quienes han defendido la institucionalidad.

Las actuaciones de este esperpento así lo han demostrado y a groso modo podemos enumerar los permisos a terroristas para que disfruten de viajes al exterior, se reúnan con sus cómplices en esas ocasiones, cuadren sus negocios de narcotráfico, regresen al país y sigan su vida como si nunca hubiesen matado una mosca.

El escándalo que se presentó entre la secretaría ejecutiva y la presidente de ese infausto invento del espurio y sus parces de la Habana terminó con la salida por renuncia presionada del secretario ejecutivo de ese entonces.
Después se atraviesa en la extradición de Jesús Santrich y ha conseguido que nuestro país se vea envuelto en un manto nauseabundo ante los ojos del país solicitante puesto que ha detenido un acto que debió realizarse una vez presentadas las pruebas de la comisión del delito de narcotráfico con posterioridad a la fecha dela firma de los acuerdos de la Habana en el teatro Colón. Los hechos dicen que esta acción de envío del narcotraficante debe hacerse de inmediato pero esto organismo actúa como si el tiempo no tuviese ninguna importancia.

El manejo oscuro de los aportes extranjeros para la supuesta paz del espurio originó un reclamo de los países aportantes, pero el santos ese tuvo la caradura de defender las actuaciones de esos mercaderes de la justicia y para menguar un poco el descontento permitió que la contraloría conformase una delegatura para el posconflicto. El daño está hecho y estas acciones son como aspirinas para curar el cáncer de la corrupción que corroe todos los organismos de justicia que tenemos.

El comportamiento indebido de los funcionarios de ese Bodrio de la JEP ha originado investigaciones de la Fiscalía General de la Nación a Martha Lucía Zamora, una abogada bogotana que en vez de hoja de vida parece que tiene prontuario pues desde que ocupó un cargo en la fiscalía ha tenido más escándalos que resultados. Se le acusó de manipulación de testigos en el caso de Kiko Gómez el exgoberandor de la Guajira, también hubo ruidos en lo que tiene que ver con el diputado del Valle que quedó vivo, tuvo además el infortunio para Bogotá de ser secretaria del alcalde fulano de la bolsa y ahora como secretaria ejecutiva del bodrio ese, está metida en líos por favorecimiento indebido a narcoterroristas.

En más de una ocasión se han presentado enfrentamientos entre el bodrio y la fiscalía y es que el comportamiento y la filosofía o cultura organizacional que llaman de ese malhadado organismo es abiertamente opuesta al sentido real de la justicia puesto que tiene una balanza completamente inclinada a favorecer al delincuente y ofensiva para el pueblo colombiano.

Decisiones como aquellas de considerar delitos políticos el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de niños, las violaciones tanto a menores como a los adultos, la pederastia y en fin todas esas aberraciones han originado una gran indignación entre la gente. Esto sin contar con la gran cantidad de actos de terrorismo que cometieron desde sus inicios no han sido ni contados en su totalidad ni reparados por esos ahora congresistas que se pavonean como pedro por su casa sin un asomo de arrepentimiento.

Ahora como la cereza del postre salen estos magistrados a destinar $43.000 millones para la conformación de una nómina paralela en este año de elecciones regionales. Esa suma es superior en $9.000 millones a los que tienen destinado el ente investigador del bodrio ese. Los 31 magistrados tienen asignados $ 103.000 millones para su funcionamiento y de esos $60.000 millones se gastan en sueldos de magistrados, auxiliares, secretarios, etc., pero dejaron esa bicoca de $ 43.000 millones para gastarlos en contratación de supernumerarios. Una muy buena manera de incidir en los resultados de las elecciones regionales. HUMMM.

Postre: Tanto asco ante la justicia no se puede prolongar en el tiempo. Ellos no quieren ser parte de la solución pues son el problema y la mejor manera es que el pueblo asuma las reformas que urgentemente se requieren.

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Redacción Minuto30

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