El alcalde de Itagüí lidera gestión de recursos para Bomberos Colombia

El alcalde de Itagüí, Diego Torres Sánchez, fue elegido por la Federación Nacional de Municipios (FCM) como representante de los alcaldes en la Junta Nacional de Bomberos de Colombia.

El mandatario es además, teniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de su municipio, institución a la que ingresó en el año 2009.

En reunión extraordinaria de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, presidida por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, los delegados posesionaron a la nueva directora de la institución, Lourdes del Socorro Peña, además de revisar el presupuesto para los cuerpos de bomberos del país, y se autorizó por parte del Gobierno nacional la entrega de elementos de protección personal, equipos de contención de incendios forestales, vehículos cisterna y de mitigación de emergencias, que beneficiarán a cerca de 200 municipios.

“El ministro, como presidente de la junta, nos ha dado la tarea a los delegados nacionales de priorizar la entrega de estos elementos y equipos, que serán vitales para afrontar este fenómeno de El Niño y salvaguardar la vida e integridad de todos los colombianos. Tengan la certeza de que, como bombero y representante de todos los municipios, velaré porque lleguen los recursos necesarios para dignificar la labor de nuestros bomberos de Colombia”, afirmó Diego Torres Sánchez, alcalde de Itagüí y miembro de la Junta Nacional de Bomberos.

Otra gestión del alcalde de Itagüí

Cabe destacar que esta semana, en el consejo de seguridad de este municipio, el mandatario itagüiseño Torres Sánchez sostuvo un encuentro con el mayor Castañeda, del Comando Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aeroespacial, para gestionar el apoyo del equipo de helicópteros denominado Bambi Bucket , para atender los incendios forestales que se presenten en la subregión del Valle de Aburrá.

Además, se anunció la creación de un grupo especial de Policía y Ejército en Itagüí para capturar en flagrancia a quienes cometan crímenes contra las zonas protegidas, y el pago de recompensas de hasta 10 millones de pesos por información que permita judicializar a los responsables de incendios intencionados.
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