El abuso de la gasolina. Por Saúl Hernández Bolívar

Acaba de publicar la agencia Bloomberg (Portafolio, 13/09/2013) que Colombia es el país latinoamericano en el que los conductores tienen que destinar una mayor parte de su ingreso para adquirir un galón de gasolina, ocupando el puesto 12 entre los 61 países donde el precio del galón representa un mayor porcentaje del ingreso.

Saúl Hernández

Según la agencia, el galón nos cuesta a los colombianos el 20% del ingreso diario de una persona, mientras en Venezuela les cuesta el 0,13% y en Estados Unidos, el 2,6%. En Noruega, con el costo por galón más alto del mundo (unos 19.000 pesos colombianos), solo representa el 3,5%.

En una columna que escribí hace poco más de un año (El Tiempo, 24/04/2012), decía lo siguiente: “…en marzo de 1998, el salario mínimo mensual vigente era de 203.826 pesos y el galón de gasolina corriente costaba alrededor de 1.300 pesos. El mínimo alcanzaba para comprar 156,7 galones. Hoy tenemos un salario mínimo de 566.700 pesos y el galón de gasolina está por el orden de los 9.000 pesos. Es decir, solo se pueden adquirir 62,9 galones con un mínimo, menos de la mitad que hace tres lustros”. Y me preguntaba: “¿Perdió capacidad adquisitiva el salario? ¿Se disparó el precio del combustible? En estos 14 años, el mínimo se ha incrementado 2,78 veces mientras el costo de la gasolina se ha multiplicado por 7”.

Sin duda, esos son datos que demuestran que el descontento por el precio de los combustibles no es artificial: la gente ve que están por las nubes y todos saben que eso también afecta el precio de los pasajes del servicio público, del transporte de carga y el precio de los alimentos, que son los más sensibles a estas escaladas. En ese sentido, también afirmé que “si hacemos el cálculo de lo que han subido los precios del transporte público —o de los fletes de carga— en estos 14 años, seguramente encontraremos que el alza ha sido descomunal”.

Y puse de manifiesto un estudio del Banco de la República en el que se establece que “un aumento anual de los combustibles del 19,6% provocaría un impacto inflacionario de 0,9%”. En consecuencia, la pregunta es “¿cuánta de la inflación de los últimos años es atribuible a las constantes alzas de los combustibles y cuántos traumatismos nos hubiéramos evitado si, en vez de subir tasas para controlar la inflación, se hubiera controlado el precio de la gasolina?”.

Ya pocos aceptan ese cuento reforzado de que el alto costo de la gasolina solo afecta a los ricos, o sea a los que tienen carro propio, que apenas llegan al 14% de los colombianos según el DANE, pues los pobres —y toda su economía— se movilizan en bus, en moto y hasta en esas embarcaciones motorizadas que se usan en nuestras costas y en los ríos de la Colombia profunda, donde también dependen del combustible para generar electricidad.

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que disminuir en 1.000 pesos el costo del galón supondría una pérdida para el Estado de 2,7 billones de pesos, recursos con los que se atienden programas sociales como Familias en Acción. Pero el Ministro y los tecnócratas que sentaron esta política de Estado —un recurso facilista pues deviene en un impuesto de abundantes ingresos y fácil recaudo— suelen soslayar los beneficios que traería una reducción del precio de la gasolina en toda la economía, como ocurre siempre que bajan los llamados costos de transacción. Además, el Gobierno podría apretarse el cinturón y ser austero.

Valga decir que ese alivio no puede quedarse solo en los bolsillos de unos pocos, como los transportadores; tiene que redundar en todas las tarifas del transporte puesto que la gasolina es el componente principal de la estructura de costos. De esta suerte (como escribí en aquella columna), “reducirle 1.000 pesos al precio del galón podría (y debería) propiciar una disminución de unos 150 pesos en los pasajes de bus. Así, una familia de cuatro miembros que hace un promedio de ocho viajes diarios —a menudo hacen el doble— economizaría más de 30.000 pesos mensuales, que para un pobre no son poca cosa…”.

En definitiva, aunque algunos se tomen esta causa para hacer populismo electoral, ya va siendo hora de acabar con este abuso alcabalero que golpea a todos los bolsillos.