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El ABC del Presupuesto

Por: Nicolás Pérez

Este mes en el Congreso se está analizando el Presupuesto General de la Nación para el 2020, donde se espera llegar a un acuerdo que logre distribuir $271.7 billones de pesos para atender las necesidades del País. Sin embargo, esta discusión llena de tecnisismos contables y financieros hay que desmenuzarla para entender los desafíos que tiene el Gobierno al buscar cumplir los compromisos de inversión social que ha suscrito.

El Presupuesto, en términos generales, se divide en tres grandes bloques: 1) funcionamiento, 2) inversión y 3) deuda. El primero, absorbe el 63% de los recursos ($172Bill), de los cuales $126Bill se le transfieren a las regiones, principalmente, para la prestación de los servicios de salud y educación (Sistema General de Participaciones-SGP) y $33Bill se destinan para gastos de personal. El segundo, corresponde al 15% del total ($40Bill) y se usa para materializar los programas sociales del Gobierno.

El tercero, compromete el 22% de los recursos ($59Bill) con el propósito de pagar las obligaciones que el Gobierno ha adquirido tanto a nivel local como internacional a los largo de los años.

Dicho esto, hay que hacer una precisión fundamental: aunque uno a veces quisiera poder trasladar la plata de un bloque a otro para financiar más programas sociales que generen desarrollo en las regiones, esto, desafortunadamente, es casi imposible de hacer.

En efecto, por mandato constitucional hay unos “inamovibles” en el Presupuesto que se tienen que cubrir sí o sí antes que cualquier otro aspecto, los cuales corresponden al 59% del total y son los siguientes rubros: SGP (16%), pensiones (13%), gastos de personal (12%), intereses de la deuda (11%) y la salud del régimen subsidiado (7%).

En consecuencia, el Gobierno, una vez asegura este monto, debe empezar a hacer maromas para distribuir el 41% restante (pago de capital de la deuda (11%), resto del funcionamiento (15%) e inversión (15%), del cual, sin lugar a dudas, el componente de inversión es el más vital.

Como vemos, la inflexibilidad de nuestro esquema presupuestal hace que financiar los programas sociales (bloque de inversión) sea un verdadero desafío año a año, más aún cuando el Gobierno anterior dejó un nivel de endeudamiento que nunca antes se había visto en el País, que para este año correspondió al 51.5% del PIB.

Por ello, para que no se vean sacrificados programas como Colombia Rural (Vías terciarias) o los subsidios eléctricos y de gas que hoy en día están desfinanciados le extiendo la propuesta al Gobierno de: 1) buscar refinanciar el pago de capital de la deuda y las vigencias futuras y 2) fortalecer su plan de austeridad y recortar sustancialmente los gastos de funcionamiento (burocracia).

Esto liberaría una parte de los pocos recursos que se pueden modificar, de tal manera que respondamos a los compromisos sociales que el Presidente Duque, con inmenso valor patriótico, ha presentado ante la ciudadanía en los 37 talleres construyendo País que se han realizado hasta la fecha.



Opinión

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