Diego Molano es el ministro de Comunicaciones de Juan Manuel Santos.

El Gobierno Nacional le solicitó a la Corte Constitucional levantar el denominado estado de cosas inconstitucionales, una sentencia del alto tribunal que obligó al Estado a redefinir sus políticas en torno a las familias desplazadas, haciendo énfasis en temas relacionados con vivienda, generación de ingresos y tierras, así como  garantizarles a las víctimas los derechos de verdad, justicia y reparación.

En una audiencia con la Sala Plena de la Corte, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, y el director de Acción Social, Diego Molano, expusieron argumentos encaminados a que se levante la imposición. “La Corte ha pedido que nos enfoquemos en los desplazados y de hecho la política social se ha redefinido en varios aspectos”, aseguró Molano.

Entre las cifras que dio a conocer el Ejecutivo, para respaldar su informe, se encuentran el aumento en coberturas para población desplazada: en educación se pasó del 60 al 80%, en salud del 65 al 90%, mientras que hoy se tienen 360 mil en Familias en Acción, cuando en 2005 no había desplazados en este programa. Molano agregó que debido a las sentencias de la Corte Constitucional, el 80% del presupuesto para vivienda se está destinando para familias desplazadas.

Frente al espinoso tema de las tierras pertenecientes a las familias desplazadas, los funcionarios dieron a conocer a  la Corte un plan compuesto por cuatro puntos: protección para evitar el despojo, un programa de restitución haciendo uso de información confiable acerca de los predios arrebatados, formalización de los terrenos que no tienen títulos y un programa de acceso a tierras mediante la entrega de subsidios.

En la actualidad, el Ministerio de Hacienda analiza el monto que el Ejecutivo destinará para la población destinada, un presupuesto que genera preocupación, pues el Gobierno ha señalado que no se cuenta con la financiación necesaria para atender todos los requerimientos que ha exigido la Corte Constitucional.

Ante la importancia del tema, la Fiscalía General acaba de crear una unidad que se dedicará a investigar casos relacionados con el desplazamiento forzado. En el momento se define si se crearán cargos adicionales para asumir estas investigaciones, que en comienzo se iniciarán con cerca de 25 mil casos.